Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazaron y condenaron el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual consideraron una amenaza directa contra la soberanía y la estabilidad política y económica de Venezuela.

Washington es el mayor responsable de violaciones a los derechos humanos en el mundo, así como de los procesos más oscuros de desestabilización política en nuestra región, destacó el comunicado.

El bloque de integración latinoamericano y caribeño afirmó que el país norteño no tiene «ningún tipo de moral» para amenazar a un Estado libre y soberano como lo es Venezuela, ejemplo de democracia participativa en nuestra región, durante los últimos 25 años, apuntó.

La Alianza exigió que cesen, de inmediato y sin condiciones, todas las ilegales sanciones en contra del pueblo venezolano, que «ha dado una batalla épica en favor de la paz», a través del diálogo político, incluso en momentos de agresiones desmedidas en contra de sus instituciones.

El ALBA-TCP ratificó su compromiso con la defensa de la «soberanía nacional sin injerencias extranjeras», e hizo un nuevo llamado a la comunidad internacional para condenar este ataque.

Estados Unidos amenazó con reimponer sanciones a la República Bolivariana, después de la decisión soberana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar la inhabilitación, por 15 años, de la política opositora María Corina Machado, responsable de acciones punibles contra el Estado y sus instituciones.

En la sentencia emitida el pasado viernes, el TSJ señaló que la dirigente del partido Vente Venezuela es partícipe de la «trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó», que propició el «bloqueo criminal» a la República Bolivariana.

También el «despojo descarado» de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, por un valor aproximado de 34 000 millones de dólares.

Solicitó, además, la aplicación de sanciones y bloqueo económico contra el país, que generaron daños al sistema de Salud e incumplió disposiciones establecidas en la Constitución.

El veredicto de la Sala Político Administrativa del máximo tribunal de justicia venezolano habilitó a otros cinco políticos de la oposición, en otros tres casos dijo no tener competencia, e inhabilitó a Machado y a Henrique Capriles, este último implicado en graves violaciones administrativas.