Por estos días en los colectivos laborales de Guantánamo se asume otro democrático proceso, se trata de los debates del Proyecto de Constitución de la República de Cuba.
Desde que inicia la consulta el pasado 13 de agosto, en más de 900 centros de trabajo y con masiva asistencia, hombres y mujeres expresan sus argumentos, aclaran dudas, proponen y ratifican aspectos del texto constitucional.
La demanda del trabajo como obligatoriedad está presente en alguno de estos debates, y en tal sentido se refieren muchos a la necesidad de que los trabajadores deben remunerarse en correspondencia con sus calificaciones y garantizar un salario acorde a los precios vigentes. Estos criterios respaldan lo estipulado en el artículo 31 que reconoce al trabajo como un valor primordial en nuestra sociedad.
Otros sindicalistas proponen cambios al artículo 121 pues mientras el Presidente del país esté apto física y mentalmente No debe ser sustituido por llegar a una edad determinada.
Un tema recurrente desde los centros laborales en Guantánamo se relaciona con la importancia de incluir el estudio de la ley de Leyes en los niveles educacionales, lo cual garantiza que los jóvenes al alcanzar la mayoría de edad, en la que se convierten en electores, tengan pleno conocimiento de la Carta Magna.
El párrafo relacionado con el matrimonio, el cual se recoge en el artículo 68, trae opiniones diversas, desde quienes defienden el derecho a la igualdad sin discriminación hasta aquellos que preservan costumbres e idiosincrasia.
Con buena acogida en estos debates cabe resaltar los aportes de los artículos 48 y 50 del Proyecto, los cuales enriquecen el principio de legalidad en Cuba, al elevar a rango constitucional los derechos al debido proceso judicial y al Habeas Corpus.
Otros temas vinculados a la economía, a los deberes, derechos y garantías de los ciudadanos se someten a consideración del pueblo en centros laborales y barrios en esta fase de consulta popular, la cual se extiende hasta el 15 de noviembre.
Luego, las opiniones serán analizadas en el Parlamento, desde donde saldrá el documento que será sometido a referendo el 24 de febrero del 2019.
