Nuevos hallazgos sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi un año en el estado de Guerrero desmontan la versión oficial dada por el gobierno mexicano sobre el crimen.
Nuevos hallazgos sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi un año en el estado de Guerrero desmontan la versión oficial dada por el gobierno mexicano sobre el crimen.
Los expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ponen en tela de juicio tres pilares de esta versión: la supuesta incineración de los cuerpos, los motivos del crimen y el papel de policías militares y federales en el caso
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH señaló que el móvil del crimen pudo haber sido la toma de un ómnibus cargado de droga oculta, y añadió que los jóvenes no fueron incinerados en un basurero del municipio Cocula, como se creía. Por otra parte los especialistas del GIEI afirmaron que ninguna fuerza del Estado azteca actuó para proteger a los alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en el municipio guerrerense de Iguala.
Esa noche, los embestidas violentas a varios ómnibus que transportaban a los alumnos de Ayotzinapa y a un equipo juvenil de fútbol dejaron seis muertos y 25 heridos. Además, desaparecieron 43 estudiantes que, según algunas hipótesis , fueron capturados por policías locales quienes los entregaron a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, y éstos los mataron y quemaron sus cuerpos en el municipio vecino Cocula.
El informe del GIEI destaca que el resto de las explicaciones posibles, como la supuesta confusión de los estudiantes con un grupo de narcotraficantes, es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades sobre los hechos y con que los jóvenes iban desarmados.
Los expertos concluyeron que no existe evidencia de que los jóvenes desaparecidos fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula, conjetura anunciada en enero por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo.
Por otra parte, los miembros del GIEI aseguraron que ni policías de Guerrero ni agentes federales ni efectivos del Ejército actuaron para proteger a los estudiantes pese a que tuvieron conocimiento de los ataques e, incluso, estuvieron en algunos de los escenarios mientras los hechos se producían.
De acuerdo con el informe, aquella noche se dan algunas comunicaciones que señalan la intervención de ciertos agentes de fuerzas estatal o federal en verificar las actuaciones o informaciones existentes pero, pese a que fueron testigo del nivel de agresión y violaciones de derechos humanos, no actuaron en protección de los normalistas.
La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, anunció que el gobierno prorrogará el mandato de los expertos de la CIDH para que continúen investigando el caso.
En tanto, la Doctora en Relaciones Económicas Internacionales, Ana Esther Ceceña,ha sido una una de las voces que con más fueza se ha pronunciado sobre el tema: “Uno de los elementos que más indignó a mi pueblo y aumentó las protestas es la evidente imbricación crimen- gobierno: Ayotzinapa es un crimen de estado. ¿Cómo se entiende que la policía, un órgano que debe velar por la seguridad de todos, haya entregado a estos muchachos en manos del crimen organizado?
“Ayotzinapa tocó todos los límites. La crueldad y el sadismo de lo ocurrido llegaron a extremos bárbaros".
Fuente: Granma
