Como parte del proceso de perfeccionamiento del sistema del Poder Popular, Cuba creó el cargo de Vicepresidente para atender el Órgano de la Administración, responsabilidad que hasta el momento recaía exclusivamente en los presidentes de gobierno.
Con el objetivo de fortalecer y dar mayor estabilidad a la gestión administrativa en cada territorio, y a la vez hacer más eficiente la labor de las asambleas locales del Poder Popular y sus comisiones permanentes, durante los próximos 24 y 25 de febrero se aprobarán en el país los vicepresidentes que atenderán el Órgano de la Administración de cada municipio.
El cargo de Vicepresidente del Órgano de la Administración se creó al amparo del Acuerdo 8 223 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de Cuba, de septiembre del 2017.
Durante el mes de diciembre, se eligieron en cada territorio los responsables de este nuevo cargo en las Asambleas Provinciales del Poder Popular. En febrero corresponde designar (no elegir) a los que ocuparán la función desde los municipios, explicó Miriam Brito Sarroca, secretaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Esta decisión es «un importante paso para garantizar la calidad y eficiencia de nuestro trabajo en cada territorio», valoró Brito.
Según el acuerdo, los presidentes de las asambleas provinciales y municipales del Poder Popular, que hoy son los titulares del Consejo de la Administración Provincial o Municipal (según el caso, con excepción de las provincias de Artemisa y Mayabeque), aunque siguen ostentando la máxima dirección en los Consejos de Administración, pueden delegar en quien ocupe el nuevo cargo atribuciones y funciones.
Algunas de ellas son convocar y presidir las reuniones, y organizar, dirigir y controlar la labor del Consejo de la Administración.
Al delegar el presidente determinadas funciones, se logrará una mayor especialización y profesionalidad en la atención y dirección de las Asambleas de cada territorio y de sus órganos de administración, aseguró Carlos Rafael Fuentes León, jefe del área de Atención a los órganos locales.
«Los nuevos responsables en los municipios y provincias facilitarán el control y fiscalización de las gestiones administrativas, lo que permitirá salvaguardar el orden constitucional vigente», concluyó Fuentes.
