Pasado el primer día de enero, la economía cubana ya está sobre las ruedas de la transformación más importante que haya experimentado en su estructura monetaria y cambiaria, y que implica, también, una vuelta de tuerca hacia la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, así como el inicio de una reforma del salario, las pensiones y las prestaciones de la asistencia social, que modifica los ingresos de la población.
Justo en el año en que se realizará un histórico VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, se implementa uno de los más complejos y decisivos acuerdos de las dos citas precedentes respecto a la vigorización de la economía; para lo cual, si bien no están creadas las condiciones ideales, demorar su aplicación habría implicado prolongar varias deformaciones que impedirían alcanzar los ritmos de desarrollo planteados por la Estrategia económico-social del país, y que se sumarían a esos lastres pesados que representan el bloqueo recrudecido de Estados Unidos y los impactos profundos de la pandemia de la COVID-19.
Pensada y aplicada sin pasar por ninguna de las fórmulas «de choque» que, con la devaluación, se traducirían en automáticos picos de desempleo, insolvencia, desprotección social y otros efectos contrarios al sistema socialista nuestro, dar curso a esta decisión ha sido más difícil por cuánto significa hacerlo sin quebrar uno solo de los principios que sostienen la vocación humana y social de la Revolución; sin embargo, tener capacidades más robustas para mantener tales conquistas, y dar pasos grandes hacia la prosperidad que requerimos, exigía ser más osados en la revalorización del papel del trabajo, en la redistribución de las riquezas existentes, y en la creación de condiciones propicias para una mayor eficiencia de la economía.
En tal empeño, la unidad como país ha de seguir siendo la clave que nos conduzca al éxito de este proceso complejo que demanda, de los cubanos, alinearnos con los esfuerzos para colocar al trabajo como resorte principal del desarrollo, y articularnos en el enfrentamiento firme a cuantos pretendan lucrar –para ganancias de muy pocos y a costa de las mayorías– mediante un oportunismo que pervierta o ralentice este salto de la nación a la senda del progreso sostenible.
La cuenta de la Tarea Ordenamiento ya corre en el calendario.
