Guantánamo.- El Primer Secretario del PCC en Guantánamo, y el Gobernador de la provincia, Emilio Matos Mosqueda, dialogaron con representantes de las diferentes formas productivas del sector estatal y privado sobre el estado de cumplimiento de la estrategia de comercialización y precios de los productos agropecuarios.
Ambos dirigentes evaluaron el negativo impacto de los altos precios en los mercados formal e informal y definieron posibles soluciones a corto y mediano plazos en temas relacionados con la implementación de las 63 medidas aprobadas en el país para potenciar la producción de alimentos, eliminar trabas a los productores y organizar mejor la actividad agrícola.
Trascendió en la cita que los precios se definen en los comités de contratación territoriales, donde se deben tener en cuenta las fichas de costo de los campesinos para no generar pérdidas pese a que lo aprobado no siempre se cumple pues aparecen los intermediarios y el control se queda por debajo de lo necesario.
Algunos jornaleros de avanzada saludaron la venta directa a la población tras cumplir sus contratos con el Estado como una forma de bajar los precios, pero también señalaron que no a todos los labriegos les gusta incursionar en comercialización y prefieren vender productos deficitarios al mejor postor.
En ese sentido, el también miembro del Comité Central del PCC, profundizó en la calidad del desempeño de los funcionarios de la Oficina de Administración Tributaria, y las Direcciones municipales de Trabajo y de Inspección y Supervisión para erradicar la comercialización ilegal de alimentos, mientras exhortó a denunciar el desorden, las indisciplinas y otras irregularidades a través de los medios establecidos.
Criticó también la baja calidad del tomate en las placitas y mercados agropecuarios estatales, y reprochó que en los puntos de venta de la agricultura urbana y vendedores ambulantes se reflejan lo contrario.
Asimismo subrayó la necesidad de avanzar aceleradamente en la creación de los colectivos laborales agrícolas, un modelo de gestión para los nuevos actores económicos que flexibiliza las relaciones laborales y salariales, y encamina el desarrollo de alternativas para la explotación de áreas e instalaciones del patrimonio estatal en función de potenciar la oferta.
Pérez Fernández insistió además en la vinculación del hombre al área y la implementación de mecanismos legales que permiten una superior actividad de la fuerza de trabajo en el sector, lo que contribuiría al incremento de los rendimientos agrícolas.
El máximo dirigente político en la provincia esclareció que el jefe del colectivo tiene la responsabilidad de velar por los recursos a su cargo y la facultad para administrar la infraestructura, y contribuir al cumplimiento de la disciplina laboral y tecnológica del proceso productivo.
Igualmente define el sistema de pago a utilizar y acuerda con el colectivo los ingresos a pagar a cada uno de ellos como el salario, en correspondencia con la situación productiva, económica y financiera de su área, y de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.