Guantánamo. – La Constitución cubana de 2019 trasciende su rol meramente formal para consolidarse como el pilar de la estabilidad económica, la cohesión social y la tranquilidad de la población.
Sus principios actúan como una barrera protectora contra prácticas que puedan desestabilizar la vida nacional, incluyendo fenómenos digitales como la difusión de tasas informales del dólar.
Estas tasas, al ser fijadas sin control, método ni responsabilidad, como las generadas por plataformas externas como «El Toque» a partir de datos anónimos o de origen incierto, no son meros asuntos técnicos. Representan, en cambio, prácticas que amenazan los límites constitucionales, pudiendo erosionar derechos, garantías y la estabilidad económica del país.
La Carta Magna, al definir a Cuba como un Estado socialista de derecho y justicia social, establece un deber de protección reforzada contra dinámicas que fomentan la incertidumbre o alteran el orden económico nacional.
La divulgación de tasas informales, al operar al margen de la institucionalidad, erige un sistema económico paralelo que contradice la autoridad regulatoria del Estado.
Una tasa construida sobre especulaciones, carente de un fundamento técnico sólido, no refleja la realidad económica, sino que la convierte en un terreno fértil para la especulación.
Esto se traduce en precios inflados, decisiones económicas irracionales, la pérdida del poder adquisitivo y un impacto directo en salarios, pensiones y la canasta básica.
Dada la vulnerabilidad intrínseca de una economía pequeña y bloqueada como la cubana, la Constitución exige blindar la estabilidad, un objetivo directamente socavado por la especulación.
Quien difunde tasas cambiarias que afectan decisiones económicas colectivas carga con un deber especial de transparencia. No es opcional; es responsabilidad pública.
El portal digital Cubadebte refiere que la publicación de cifras sin metodología, sin controles, sin auditoría, sin rendición de cuentas y sin identificación clara de sus fuentes no solo contradice el deber constitucional de informar verazmente, también rompe el pacto de confianza social que sostiene la toma de decisiones económicas en cualquier país.
Publicar una tasa sin fundamento es como poner un semáforo en rojo, amarillo y verde al mismo tiempo. Provoca confusión, caos y termina en choque.
La circulación de información económica carente de controles vulnera el derecho colectivo a recibir datos fiables, afecta la toma de decisiones racionales y crea un entorno de incertidumbre incompatible con el orden público económico. La Constitución garantiza derechos, pero también establece límites cuando el ejercicio de un derecho afecta al bienestar común.
Dañan los derechos del consumidor
En Cuba, la Constitución protege al consumidor frente a prácticas engañosas, confusas o abusivas. Cuando un ciudadano compra, vende, cambia o ahorra guiado por “tasas” especulativas que no reflejan transacciones reales, se vulnera su derecho a una información confiable. Esto abre la puerta a decisiones equivocadas, al fortalecimiento de mercados informales y a la pérdida de los ahorros familiares. Quien manipula la información económica, manipula al ciudadano.
Mientras que la responsabilidad informativa se enfoca en la calidad del dato, la protección al consumidor se orienta a los efectos concretos que ese dato genera en su economía doméstica.
La protección constitucional al consumidor incluye garantizarle condiciones de equidad en el acceso a la información económica. Cuando una plataforma genera tasas sin respaldo metodológico, coloca al ciudadano en una posición desigual frente al mercado, afectando su capacidad real de defender sus intereses.
El mandato constitucional de construir una sociedad justa y equitativa exige que la información económica responda a criterios de objetividad y control institucional.
La “verdad económica” no es un concepto político, sino jurídico. Implica que los indicadores que movilizan decisiones colectivas deben provenir de fuentes legítimas y verificables. La especulación, al sustituir hechos por percepciones manipuladas, vulnera ese principio y afecta la cohesión social.
En consecuencia, la defensa de la estabilidad económica y la lucha contra la manipulación informativa no son decisiones coyunturales, sino obligaciones constitucionales que responden a la protección del pueblo.
Tomado de Cubadete