Cerca de 100 normas cubanas aprobaron profesionales del país solo en lo que va de año en correspondencia con políticas y programa oficiales jerarquizados, anunció la Oficina Nacional de Normalización (ONN).

En la práctica responden principalmente a  productos exportables, alimentos, agricultura, envases y embalajes, petróleo, automática, tecnologías de la información, transporte (vehículos eléctricos) y salud pública, señaló la Doctora en ciencia de Nancy Fernández Rodríguez, directora general de la institución.

La mayoría de ellas están armonizadas con sus homologas internacionales u otras de prestigio regional, añadió la directiva en un encuentro con periodistas de medios nacionales y provinciales en La Habana.

Insistió en la necesidad de su aplicación por constituir una herramienta indispensable para contribuir a elevar la disciplina tecnológica, incrementar el ahorro y el control de los recursos, al igual que la eficiencia de la producción y los servicios.

Son decisivas también, puntualizó, en la seguridad y competitividad de estos últimos frente a las crecientes exigencias del mercado y las expectativas de los consumidores, que involucran a los trabajadores por cuenta propia, micros, pequeñas y medianas empresas (MPYMES) y cooperativas en general.

Fernández Rodríguez ponderó en la oficialización de los patrones el rol de los 108 comités técnicos de normalización, integrados por los mejores profesionales del país que actúan en forma voluntaria y a los respectivos Organismos de la Administración Central del Estado.

La economía nacional cuenta con un portfolio de 4 mil 531 reglas y sus grupos temporales de trabajo actualizan las relacionadas con el arroz, miel, protección al consumidor, carbón vegetal, demolición de estructuras, MPYMES, pasta dental y botellas de oxígeno para el buceo.

En el caso de los gases, elaboraron un proyecto de Código de buenas prácticas para el gas licuado de petróleo (GLP), aplicable a las personas naturales y jurídicas que intervienen en la cadena de valor.

Además, continúa el proceso de elaboración de documentos normativos que establecen requisitos para la manipulación y distribución del gas manufacturado, de amoníaco y otros.

 

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