El Tercer Período Ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP, Parlamento) sesiona del 17 al 20 de julio en el Palacio de Convenciones, de La Habana, donde se debaten temas trascendentales para la vida de la nación.
Radio Guantánamo da seguimiento a los pormenores de las medulares intervenciones en el plenario.
#Cuba🇨🇺 | Hoy tercera jornada del Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del #PoderPopular, en su X Legislatura
✅ Discusión y análisis de importantes proyectos de leyes
✅Siga en Hilo en X todos los detalles de la agenda del día 👇🏻#CubaLegisla pic.twitter.com/DsUzIS9Juo
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) July 19, 2024
Diputados aprueban leyes de Ciudadanía y Extranjería
19 de julio, 5:00 pm
En la última jornada del tercer periodo de sesiones de la décima legislatura, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este viernes la Ley de Ciudadanía. La norma, que no tiene precedente legislativo, desarrolla los postulados constitucionales sobre la ciudadanía cubana y refuerza los derechos de los ciudadanos cubanos.
Al presentar el proyecto de ley a los diputados, el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del Minint, señaló que el país carecía de una ley sobre la ciudadanía y que era necesario regular en este ámbito.
Recordó que el artículo 36 de la Constitución establece que la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la cubana. Los ciudadanos cubanos, mientras estén en el territorio nacional, se rigen por esa condición en los términos establecidos en la ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera.
Méndez Mayedo se refirió a que la ley establece los requisitos para adquirir la ciudadanía, por nacimiento y por naturalización; las causas de las que puede derivar su pérdida o privación, que tiene carácter excepcional; los requisitos para recuperarla y el procedimiento administrativo para impugnar las decisiones administrativas, entre otros puntos.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, presentó el dictamen sobre el proyecto de ley.
Recordó que esta norma no tiene precedente legislativo. En las últimas décadas, han mantenido su vigencia el Decreto 258, Reglamento de Ciudadanía, de 1944, y el Decreto Ley 352, Sobre la Adquisición de la Ciudadanía Cubana por Nacimiento de los Nacidos en el Extranjero de Padre o Madre Cubano, de 2017.
Subrayó que este es un tema de especial significado, fundamental para la vida en sociedad.
“En su acepción, la ciudadanía es la pertenencia de una persona a una comunidad política, mediante la cual le corresponden deberes y derechos. La ciudadanía deviene la base de la democracia y la participación popular en la toma de decisiones”, dijo.
Aclaró que la pérdida y la privación de ciudadanía son procesos excepcionales, para los cuales hay que pasar un proceso, e informó que en reuniones con los diputados fueron hechas 41 intervenciones con propuestas de modificación, que contribuyeron a cambios para la versión definitiva del texto.
Lo que establece la Ley de Ciudadanía
La Ley de Ciudadanía tiene como objetivo desarrollar los postulados constitucionales actuales en la materia, garantizando la voluntad política de fortalecer en el orden legislativo la relación entre el Estado cubano y sus ciudadanos; incorporar las experiencias que la aplicación práctica de la legislación vigente sugieren, y evaluar los aspectos de derecho comparado que contribuyan a su actualización.
El proyecto abarca ocho títulos, 17 capítulos, 11 secciones, 114 artículos, dos disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales.
Para su elaboración, se estudió el comportamiento histórico de la legislación nacional y se hicieron estudios comparados de las leyes de ciudadanía de países de Latinoamérica y el Caribe y Europa.
En virtud de esta ley, la ciudadanía es la condición jurídica que emana de la relación entre las personas naturales y el Estado cubano, de la cual resultan derechos y deberes recíprocos, y es la garantía esencial para su ejercicio.
Entre otros principios, señala que la ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por naturalización, y que la adquisición de otra ciudadanía no implica pérdida de la cubana.
Los ciudadanos cubanos, mientras estén en territorio nacional, se rigen por esa condición, en los términos establecidos por esta ley, y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera.
La ley regula la ciudadanía efectiva, la adquisición de la ciudadanía cubana, los documentos que acreditan la ciudadanía cubana; el procedimiento para la formalización de la renuncia, pérdida, privación y recuperación de la ciudadanía cubana; los requisitos, formalidades y términos que deben observarse en su aplicación; las autoridades facultadas para decidir en materia de ciudadanía; los medios de impugnación de las decisiones administrativas sobre la ciudadanía cubana y el Registro de Ciudadanía.
La norma dispone que la tenencia o adquisición de una ciudadanía extranjera por parte de alguno de los padres no causa efecto alguno en la ciudadanía cubana de los hijos. El matrimonio, la unión de hecho, la disolución o extinción de estos, el reconocimiento judicial de parentesco socioafectivo y la adopción no afectan la ciudadanía de los cónyuges, los unidos y sus hijos.
Los hijos de padres cubanos nacidos en Cuba que hayan obtenido la aceptación de la renuncia, pérdida o privación de la ciudadanía cubana, pueden solicitar su adquisición cuando arriben a la mayoría de edad.
Para renunciar a la ciudadanía cubana se deben cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, acreditar tener otra ciudadanía, encontrarse en el extranjero, no poseer deudas con el Estado cubano y sus instituciones, y no estar cumpliendo sentencia penal de privación de libertad o ser perseguido por la comisión de un delito.
Entre las causas para la pérdida de la ciudadanía cubana están adquirir la ciudadanía en fraude de la ley y los casos de ciudadanos cubanos por naturalización que, estando en el extranjero, no ratifiquen ante la oficina consular cubana correspondiente su voluntad de mantenerla.
La privación de la ciudadanía cubana está dada por alistarse en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país, o ejecutar desde el extranjero actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de Cuba, siempre que así lo considere la autoridad de ciudadanía correspondiente.
La ciudadanía cubana también puede recuperarse por única vez, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades de la ley.
Diputados opinan sobre la Ley de Ciudadanía
En el debate que siguió a la presentación del proyecto de Ley de Ciudadanía, el diputado Miguel Barnet afirmó que “este es nuestro tiempo, el más acariciado. Hemos crecido y no somos los mismos que años atrás. Ponemos nuestra condición de ciudadanía por encima de todo.
“He visto a muchos cubanos que no viven en su patria venerarla, amarla y serles fieles. Ser cubano no se circunscribe al escenario físico. Fidel dijo ante cubanos que llegaron en la década del 70 a apoyar a la Revolución que la patria había crecido. El cubano de hoy no es el mismo. Los afectos no están determinados por la cercanía o la lejanía: somos ciberabuelos, ciberpadres, ciberamigos. Estamos todos a la distancia de un clic. El cubano de hoy nos habla al oído con disímiles afectos.
“Ya no hay motivos para establecer distancias. Estamos unidos por redes afectivas. Cubano es aquel que ama a su tierra, no la mancilla. Es quien lleva en su corazón la estrella solitaria”.
La diputada Karla Santana opinó que es “un proyecto de ley que forma parte de una tríada de mucho valor para los cubanos, y ha sido objeto de crítica de los odiadores en el extranjero. Esta normativa unifica a los cubanos en el amor a su país y reduce la distancia entre las familias cubanas”.
Homero Acosta, secretario del Parlamento y del Consejo de Estado, afirmó que es “una ley de gran trascendencia. Me sumo a la felicitación al equipo redactor. El tema migratorio tiene gran complejidad. Hemos atravesado varias etapas migratorias, en correspondencia con cada período histórico”.
Recordó que en 2012 hubo una profunda transformación de la política migratoria. “Modificamos las disposiciones políticas y abrimos el país para que las personas pudieran entrar y salir de forma más expedita”.
Señaló que gran parte de la emigración está comprometida con su patria y la Revolución. “Hemos visto la manipulación política del tema migratorio, pero no se explican los procesos migratorios en el mundo, con éxodos masivos desde América Latina y África, en un escenario en que los ciudadanos cubanos tienen privilegios ante los de otros países en Estados Unidos”.
Destacó que, en cuanto a la ciudadanía, el país ha tenido importantes avances.
“Cuba no asumía la ciudadanía múltiple. La Constitución de 2019 la incorporó, con la condición de que los cubanos, mientras están en Cuba, sigan siendo ciudadanos cubanos. Derecho de la sangre y derecho del suelo. Los hijos de cubanos nacidos en el exterior estaban obligados a residir en Cuba 90 días para ser cubanos. Ahora son cubanos sin importar dónde nazcan”.
Ley de Extranjería, atemperar normas vigentes al contexto cubano
Al presentar a los diputados el proyecto de Ley de Extranjería, puesto a consideración de los diputados para su aprobación, el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la DIIE del Minint, enumeró los fundamentos de la legislación.
Al respecto, recordó lo establecido en el artículo 91 de la Constitución y la necesidad de atemperar las normas vigentes sobre extranjería al proceso migratorio cubano, establecer las bases normativas para regular un sistema de extranjería actualizado, diseñar los procedimientos para cumplir lo previsto en la Ley de Migración sobre extranjeros en Cuba, y el incremento de la cantidad y diversidad de irregularidades migratorias con implicación de extranjeros, entre otros.
“No es la ley más comentada, no es la ley sobre la que más criterios se han vertido. Es la ley de la que hemos recibido menos opiniones”, dijo, y añadió que “es un complemento a la actualización de la legislación migratoria en el país”.
El diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales, presentó el dictamen de la ley.
Toledo Santander apuntó que la norma se propone regular la atención, protección y documentación de los extranjeros que se asientan en territorio nacional, reconoce sus derechos y fija sus deberes, equiparándolos a los cubanos en la protección de sus bienes y en el respeto a la Constitución
Entre otras cosas, la ley −dijo− va a establecer los casos y la forma en que los extranjeros van a ser expulsados del territorio nacional y las instituciones encargadas.
Detalles de la Ley de Extranjería
La Ley de Extranjería aprobada este viernes actualiza la Ley 1313, Ley de Extranjería, del 20 de septiembre de 1976.
En su fundamentación, se señala que la legislación “requiere atemperarse” a los cambios que se han producido en Cuba en cuanto al tratamiento a los extranjeros.
La nueva normativa aprobada por la Asamblea Nacional tiene como objetivo establecer las bases normativas encaminadas a regular un sistema de extranjería actualizado, que se corresponda con los postulados constitucionales actuales y sintetice más de 40 de años de experiencia de aplicación de la legislación de extranjería en el país, responda a las necesidades de modificación iniciadas a partir de 2013, a las realidades del nuevo modelo económico y a las proyecciones de desarrollo del país, y tome en cuenta las mejores prácticas internacionales relativas a la inmigración de extranjeros.
El proyecto es compatible con las nuevas leyes sobre el proceso penal y el administrativo, el Código de Procesos y el Código de las familias e incorpora cuestiones que responden al tratamiento que deben tener algunos temas económicos y sociales que repercuten en la legislación de extranjería.
El texto establece los derechos y deberes de extranjeros en el territorio nacional, en correspondencia con la categoría, clasificación y subclasificación migratoria que ostenten, en especial la de los extranjeros no residentes, que no contaba con regulación y era un vacío legislativo.
Se regulan las condiciones de estancia y residencia como las actividades que se autoriza a extranjeros a realizar durante su permanencia en el territorio nacional, en correspondencia con su clasificación migratoria, al igual que su atención por la autoridad de extranjería.
Algunas de las novedades de la ley son la clasificación migratoria de residente provisional, que se concederá previamente al otorgamiento de la residencia permanente, y la de residente humanitario, destinada a los refugiados, apátridas y asilados políticos, además de la inclusión de las causas de cancelación de la estancia y la residencia de los extranjeros en el país.
Se incluyen en el proyecto los requisitos a cumplir por los extranjeros que ingresan al país con visa de residentes temporales para obtener esta clasificación migratoria previamente otorgamiento del permiso de trabajo.
La ley establece las responsabilidades de órganos, organismos, entidades y organizaciones de base asociativa de carácter profesional y con fines públicos con los extranjeros que atienden o que son contratados para el cumplimiento de funciones asignadas o en interés de su objeto social.
El texto actualiza la institución del Centro Migratorio de Extranjeros, las causales de ingreso y egreso, su funcionamiento y las facultades de la autoridad de extranjería en estos casos. Se proyecta contar con una disposición complementaria que establezca un reglamento para este establecimiento.
Igualmente, establece la aplicación práctica a los extranjeros de las medidas y sanciones migratorias previstas y los medios para impugnar esos actos en la vía administrativa y judicial.
En marzo de 2024, el proyecto de ley fue consultado a los miembros del Consejo de Ministros, la ANNP, FGR, TSP y otras entidades. Se recibieron 22 respuestas, 15 de las cuales manifestaron su conformidad con el proyecto en su totalidad, y siete contenían 35 observaciones que fueron aceptadas e incorporadas al proyecto.
La legislación consta de siete títulos, 16 capítulos, 11 secciones y 92 artículos, dos disposiciones transitorias, cuatro disposiciones especiales y cuatro disposiciones finales.
En el primer artículo, se precisa que la ley “tiene como objeto regular la atención, protección, identificación y documentación legal de los extranjeros que visitan o residen en el país, así como el proceso de inserción social de los residentes, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República de Cuba y en los instrumentos jurídicos internacionales en materia de extranjería de los que Cuba es parte”.
La norma se aplicará a todos los extranjeros que se encuentran o residen en el territorio nacional, a los que viajan a cualquier otro país, bajo alguna de las clasificaciones migratorias que ostentan los extranjeros residentes, a las representaciones diplomáticas o consulares cubanas u otras oficinas autorizadas, y a las personas jurídicas que participan en el sistema de extranjería cubano.
El Estado cubano reconoce como extranjero a toda persona que no tenga nacionalidad cubana y acredite mediante pasaporte vigente o documento equivalente ser ciudadano de otro Estado.
“Los extranjeros que se encuentran en el país deben mantener una conducta de respeto y cumplimiento de la Constitución de la República de Cuba y las demás disposiciones normativas vigentes, observar y acatar las reglas de convivencia y las tradiciones y costumbres del pueblo cubano”, puntualiza el texto.
El ejercicio de los derechos de los extranjeros en Cuba solo está limitado por los derechos de los demás, por razones de defensa y seguridad nacional, orden público, sanidad, situaciones excepcionales y de desastre, y por fuerza mayor, previa aprobación de las autoridades competentes.
Se define el sistema de extranjería como el conjunto de elementos que interactúan para lograr la atención, protección, identificación y documentación legal de los extranjeros y orientar el proceso de inserción social en el país cuando corresponde, mediante información actualizada sobre el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitución.
El sistema de extranjería está integrado por el proceso de extranjería, la política de admisión de extranjeros, la autoridad de extranjería y el régimen legal que lo tutela.
La norma establece la política de admisión de extranjeros: “Las directrices orientadas a ordenar y aprobar el ingreso de extranjeros al país, de acuerdo con la clasificación migratoria, los intereses nacionales y la política de empleo vigente”.
Los extranjeros tienen los derechos comprendidos en la Constitución cubana, en la Ley de Extranjería, la de Migración y en sus reglamentos.
Presidente cubano propone como Contralora General de la República a Mirian Barban González
19 de julio, 1:30 pm
Como parte del proceso de renovación de los cuadros, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, propuso como Contralora General de la República a Mirian Barban González, en sustitución de Gladys Bejerano.
Díaz-Canel reconoció el trabajo de más de 14 años de Bejerano y su papel como fundadora de la Contraloría.
“Su comportamiento ético y revolucionario constituye un ejemplo de militante comunista para todos”, dijo.
En estos momentos, los diputados realizan la votación del cargo de Contralora General de la República.
La presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro, explicó el procedimiento de la elección a los diputados.
El primero en ejercer el voto fue Díaz-Canel, seguido del presidente del Parlamento, Esteban Lazo.
(Noticia en construcción)
Diputados de Cuba aprueban nueva Ley de Migración
19 de julio, 1:20 pm
Al presentar la norma ante el órgano legislativo, el primer coronel Mario Méndez, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, resaltó que el nuevo instrumento jurídico busca lograr un sistema migratorio actualizado y que ofrezca respuesta a las proyecciones del nuevo modelo económico y de desarrollo del país.
Aprobada la Ley de Migración por la @AsambleaCuba#CubaLegisla #PoderPopular pic.twitter.com/52jJ5r5gqw
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) July 19, 2024
Méndez señaló que la norma busca regular bajo una concepción integral el sistema migratorio cubano y establecer como una norma jurídica el principio de residencia efectiva migratoria.
La ley añadió, comprende los derechos y las categorías migratorias de los ciudadanos cubanos y extranjeros, así como las nuevas figuras a las que se les autorice la residencia permanente.
Puntualizó que recoge el tratamiento migratorio a ofrecer para los casos de los ciudadanos que renuncian o pierden esta condición y el que se ofrecerá a las víctimas del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, especialmente de mujeres, niños y adolescentes.
Además, establece el Fondo de Destinación Financiera para Emergencias Migratorias.
El primer coronel dio a conocer que desde el 2013 han viajado al exterior por asuntos particulares dos millones de ciudadanos cubanos, en 8,4 millones de ocasiones.
Precisó que se estima en algo más de tres millones los cubanos en el exterior, de los cuales dos millones nacieron en Cuba y los restantes son descendientes.
De los nacidos en la isla, acotó, la mayor parte ostenta la ciudadanía o residencia en el país donde están domiciliados. Los principales asentamientos de cubanos en el exterior se identifican en Estados Unidos, España, México e Italia, añadió.
Sobre los principales aspectos que requirieron actualizarse en la norma, mencionó el apartado referido al tiempo limitado de hasta 24 meses para permanecer en el exterior sin perder la condición de residentes.
Explicó que se requirió renovar el concepto de residente en el territorio nacional, el cual no se ajustaba objetivamente a las realidades nacionales, así como el proceso formal de reasentamiento en el territorio cubano.
También se decidió reajustar la ley vigente debido a la ausencia de una legislación que desarrolle integralmente el tema de la ciudadanía y la inexistencia de un tratamiento moderno a la multiciudadanía.
Previo a su presentación en la Asamblea Nacional, la ley fue sometida a un amplio proceso de consulta, donde fueron tomadas en cuenta 53, de las 67 propuestas de los diputados.
Durante los debates previos a votación de la norma, los diputados coincidieron en su importancia para impulsar los vínculos con los connacionales residentes en el exterior y reconocieron los factores que inciden en los procesos migratorios cubanos.
Presentado ante la @AsambleaCuba el proyecto de ley de Migración #PoderPopular #CubaLegisla pic.twitter.com/HLoF2fKoeV
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) July 19, 2024
Hoy somos menos de 10 millones de cubanos residentes
19 de julio, 12:10 pm
La población efectiva cubana es actualmente menor de 10 millones de personas y sigue tendiendo al decrecimiento, se conoció en la sesión del Parlamento este viernes.
Durante el debate que siguió a la presentación del proyecto de Ley de Migración en el plenario del Parlamento, el diputado Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe primero de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), expuso ante los diputados datos sobre la población efectiva de Cuba.
Según los datos de la ONEI, al 31 de diciembre de 2023 la población efectiva cubana era de 10 055 968 personas.
Cuba aprueba Ley de Condecoraciones y Títulos Honoríficos
19 de julio, 11:12 am
Al presentar la legislación a los diputados, el ministro de Justicia, Oscar Silvera, detalló que el instrumento jurídico se incluye en el complejo proceso legislativo cubano, relacionado específicamente con la organización y funcionamiento del Estado y el gobierno.
El Ministro de Justicia,@OscarCubaMinjus, presenta ante la @AsambleaCuba proyecto de ley Del Sistema de Títulos Honoríficos y Condecoraciones de la República de #Cuba #PoderPopular #CubaLegisla pic.twitter.com/0uD858Pc8i
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) July 19, 2024
Explicó que para la elaboración del instrumento jurídico se constituyó un grupo de trabajo integrado por representantes de la Asamblea Nacional y de los ministerios de Justicia, Cultura, Educación, Educación Superior, Salud Pública, Relaciones Exteriores, Economía y Planificación, entre otros organismos.
La Ley, especificó, se estructura en diez capítulos, nueve secciones, 62 artículos, dos disposiciones especiales, dos transitorias y cinco finales.
Silvera señaló que la disposición tiene como elementos fundamentales la ratificación de que el presidente de la República es la autoridad facultada para el otorgamiento de los títulos honoríficos, las órdenes y las medallas.
Indicó que regula la creación, modificación o extinción como facultades del Consejo de Estado, señala los derechos y obligaciones de los condecorados y establece el procedimiento para el otorgamiento, imposición o entrega.
Asimismo, precisó, la ley define el proceder ante la pérdida, deterioro o destrucción de las insignias, pasadores o certificaciones acreditativas y determina las pautas a seguir para la privación o el restablecimiento de un título.
Silvera subrayó que el reconocimiento de los méritos alcanzados por los ciudadanos nacionales y extranjeros, con labor destacada en los distintos ámbitos de la vida, resulta trascendental en la educación patriótica y revolucionaria de toda la sociedad.
Diputados aprueban Ley de Procedimiento Administrativo, que refuerza garantías constitucionales de los cubanos
19 de julio, 11:00 am
La Ley de Procedimiento Administrativo, que no tiene antecedentes normativos en el país y cuyo objetivo esencial es regular y sistematizar con carácter general la actuación administrativa, fue aprobada este viernes por los diputados luego de su análisis y debate en el tercer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, en su décima legislatura.
Al presentar el proyecto de ley ante el pleno parlamentario, el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, destacó que en el proceso de consulta con población, diputados y expertos fueron modificados 44 artículos y dos disposiciones generales de la versión original.
Recordó que, como resultado de un análisis de los diputados en junio pasado, se recogieron 49 criterios, 31 de ellos admitidos, que llevaron a modificaciones en 27 artículos y a correcciones de estilo.
“Es renovadora y superior y tiene como premisa la defensa absoluta de los derechos de los ciudadanos cubanos, y recoge en su articulado elementos trascendentales para el completamiento jurídico de la nación”, dijo el ministro.
Entre otros aspectos, resaltó que la normativa puesta a consideración de los diputados “concentra en una norma jurídica contenidos dispersos en otras disposiciones y permite alcanzar un funcionamiento administrativo más eficiente, apegado a la legalidad y la buena administración”.
Añadió que, entre otros beneficios, corrige elementos negativos como el exceso de documentación, contribuye a eliminar el burocratismo en los procedimientos administrativos y complementa la Constitución como fruto de la necesaria reforma administrativa y judicial.
A continuación, el diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales, presentó el dictamen sobre el proyecto de ley.
Tras recordar que la Administración Pública es la encargada de poner en contacto directo a la ciudadanía con el Gobierno de la nación, Toledo Santander señaló que esta normativa propende a eliminar procederes que entorpecen la vida social y a establecer un procedimiento más transparente en la administración pública.
“Deviene en eficaz mecanismo contra la corrupción, fortalece la gestión pública, indispensable para construir una sociedad más justa y equitativa, y exige una capacitación adecuada de todos los servidores públicos en su conocimiento”, consideró el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
Según el dictamen de la comisión, “el proyecto de ley guarda la debida correspondencia con la Constitución y el ordenamiento legal de la nación”.
En el debate posterior, la diputada Daisy Bárbara López consideró que es una norma “que sin dudas va a perfeccionar el ejercicio de la gestión administrativa y fortalece los derechos y garantías de los ciudadanos. Es una ley que va a promover el buen hacer en la gestión administrativa, contribuyendo a que no haya trabas ni malas prácticas, y otorgará justicia y transparencia en beneficio de nuestra población”.
López coincidió con Toledo Santander al señalar que la aprobación de este instrumento jurídico hace necesario “un adecuado proceso de capacitación para los operadores de la norma y también un proceso de comunicación social dirigido a nuestra ciudadanía”.
El diputado Yordany Andarcio, de Bahía Honda, destacó que la ley, “totalmente nueva para nuestro ordenamiento jurídico, es importante por las garantías que da al pueblo. El principal reto es aplicarla y hacerla cumplir con nuestros preceptos constitucionales. Elimina lagunas jurídicas y la dispersión jurídica que existía”.
La diputada Orisell Richards Martínez, del municipio habanero de La Lisa, subrayó la trascendencia de la Ley de Procedimiento Administrativo para la protección de los derechos de las personas, la importancia que concede a la interoperabilidad y la transformación digital.
“No basta solo con que se formulen de manera adecuada un grupo de principios vinculados al hacer de la administración si no se implementan. Hay que formar, capacitar a quienes ofrecen estos servicios y que respondan a las exigencias de celeridad”, dijo.
Carla Santana, diputada por La Habana Vieja, comentó que la ley “sobrepasa el control popular, favorece varias medidas que garantizan la buena administración. Garantiza el control del poder de la Administración por la ciudadanía y es una ley superior que empodera a nuestro pueblo”.
Andry Matías, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de La Habana y parte del equipo redactor, explicó que el texto legal, de 451 artículos, ha sido resultado de la labor de un grupo de trabajo a lo largo de casi tres años.
“Es una norma de balances, que trata de entender las necesidades de la gestión pública cubana y la obligatoriedad del servicio público. La Administración establece el diálogo diario entre ciudadanía y gestión pública. La ley responde a la necesidad que han establecido los principales órganos del país de poner coto al burocratismo”, afirmó.
Continúa sesión parlamentaria en Cuba con el presidente Miguel Díaz-Canel
19 de julio, 10:30 am
En la sesión de la mañana, los parlamentarios debaten sobre dos normas referidas a los Procedimientos Administrativos y a las Condecoraciones y Títulos. Ambas legislaciones serán presentadas por el ministro de Justicia, Oscar Silvera.
También se someterá a consideración de los diputados el proyecto de Ley de Migración, que persigue regular el proceso migratorio cubano, bajo una concepción sistémica de desarrollo, dirigida a alcanzar una migración regular, ordenada y segura.
El tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional se llevará a cabo hasta mañana sábado, con la mirada puesta en temas medulares del ámbito socioeconómico de la nación caribeña.
Diputados de Cuba analizan proyectos de leyes en sesión parlamentaria
19 de julio, 8:00 am
En la sesión de la mañana, los parlamentarios debatirán sobre dos normas referidas a los Procedimientos Administrativos y a las Condecoraciones y Títulos. Ambas legislaciones serán presentadas por el ministro de Justicia, Oscar Silvera.
También se someterá a consideración de los diputados el proyecto de Ley de Migración, que persigue regular el proceso migratorio cubano, bajo una concepción sistémica de desarrollo, dirigida a alcanzar una migración regular, ordenada y segura.
En 1972 fue promulgada la Ley de Migración, cuyo reglamento se publicó en 1978 y resultó uno de los cambios más relevantes acerca de esa política en Cuba.
Cuatro décadas después, en 2012, comenzó un proceso de actualización mediante varios decretos, previo a varias modificaciones introducidas en 2015, 2017 y 2019.
Este jueves, los diputados aprobaron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una norma sin precedentes en el panorama jurídico del país caribeño.
Según el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Eduardo Díaz, este instrumento jurídico constituye la más alta expresión de la voluntad política del Estado y el gobierno para transparentar su gestión en un contexto de guerra económica y mediática.
Antes de su presentación en la Asamblea Nacional, se llevó a cabo un amplio proceso de consulta y un estudio comparativo de 123 leyes de transparencia y acceso a la información en todo el mundo. De los 33 países de América Latina y el Caribe, 28 de ellos cuentan con este tipo de legislación.
Desde la aprobación de la Constitución de la República en 2019, Cuba ha mantenido una intensa actividad legislativa, con la aprobación de más de 40 leyes.
El tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional se llevará a cabo hasta mañana sábado, con la mirada puesta en temas medulares del ámbito socioeconómico de la nación caribeña.
Cuba aprueba Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Video + PDF)
18 de julio, 6:30 pm
Al cierre de la jornada de este jueves en el tercer periodo de su décima legislatura, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dota por vez primera a Cuba de una normativa en ese ámbito, contribuye al cumplimiento de las obligaciones de los órganos del Estado y demás sujetos responsables de brindar información pública y da continuidad a las garantías ciudadanas previstas en la Constitución.
“Todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades, conforme a las regulaciones establecidas”. (Art. 53)
“Se reconoce el derecho de toda persona de acceder a sus datos personales en registros, archivos u otras bases de datos e información de carácter público, así como a interesar su no divulgación y obtener su debida corrección, rectificación, modificación, actualización o cancelación. El uso y tratamiento de estos datos se realiza de conformidad con lo establecido en la ley”. (Art. 97)
“Los órganos del Estado, sus directivos y funcionarios actúan con la debida transparencia”. (Art. 101, inciso h)
(Constitución de la República de Cuba)
La nueva ley, que se fundamenta en los preceptos constitucionales que establecen los principios fundamentales del Estado socialista de derecho (artículos 1, 8 y 10), está en sintonía con la legislación nacional y los acuerdos internacionales de los que Cuba es parte; el objetivo de desarrollo sostenible 16 y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (5, 6, 82, 84, 89, 194, 195, 197, 199, 200 y 201).
Para su elaboración, se estudiaron 11 decretos leyes en el ámbito nacional y se hizo un estudio comparado de 123 leyes de transparencia y acceso a la información a nivel internacional.
Entre otros elementos, se tuvieron en cuenta los preceptos constitucionales, el Decreto Ley sobre la Seguridad y Protección de la Información Clasificada y Limitada y políticas y disposiciones normativas relativas al sistema de registros públicos, la gestión documental y archivos, el sistema de información de gobierno, la informatización de la sociedad, la protección de datos personales y la comunicación social del Estado y el Gobierno cubanos.
Al presentar el proyecto de ley a los parlamentarios reunidos en el Palacio de Convenciones, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Eduardo Martínez Díaz, recordó las palabras de Raúl cuando afirmó en 2010 que “es preciso poner sobre la mesa toda la información y los argumentos que fundamentan cada decisión y, de paso, suprimir el exceso de secretismo a que nos habituamos durante más de 50 años de cerco enemigo.
“Siempre un Estado tendrá que mantener un lógico secreto en algunos asuntos, eso es algo que nadie discute, pero no las cuestiones que definen el curso político y económico de la nación. Es vital explicar, fundamentar y convencer al pueblo de la justeza, necesidad y urgencia de una medida, por dura que parezca”.
Martínez Díaz explicó que esas ideas acompañaron el proceso de elaboración del proyecto de ley conducido por el Citma, seguido de cerca por el presidente Miguel Díaz-Canel y que implicó un amplio mecanismo de consulta especializada, concluyendo de forma colectiva con la participación de un grupo grande de instituciones y expertos de todo el país.
El ministro precisó que en el proceso de conciliación se recibieron 307 opiniones. “Todas fueron respondidas y conciliadas con cada uno de los compañeros. Se aceptaron de forma total o parcial 196, es decir, la mayor parte de las propuestas recibidas”.
“Esta ley −sostuvo Martínez Díaz−, es la más alta expresión de la voluntad política del Estado y el Gobierno cubanos de transparentar su gestión. Todo ello, en un contexto económico y mediático del cual todos aquí sabemos que saldremos victoriosos”.
Lo que establece la nueva ley
En su artículo primero, se establece que esta ley, sin precedente en el país, regula la transparencia y el derecho a la información pública, además de establecer las obligaciones que deben cumplir sus responsables.
Entre sus fines, se declaran el cumplimiento efectivo y responsable de las obligaciones de los sujetos obligados respecto a la transparencia y el acceso a la información pública en todo tipo de soporte, así como a la protección de los derechos ciudadanos previstos en la Constitución y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en todo tipo de soporte.
Igualmente, promover el uso de las TIC como soporte de la transparencia, una mejor toma de decisiones de la gestión pública, escrutinio social y participación ciudadana sobre las acciones de la Administración.
Por “información pública”, la ley entiende “aquella que generan o custodian los sujetos en el ejercicio de sus funciones públicas, así como las personas naturales y jurídicas que reciben financiamientos y otros beneficios públicos” contenidos en todo tipo de soporte.
La ley considera “sujetos obligados” a los órganos superiores del Estado, los organismos de la Administración Central del Estado, sus entidades subordinadas y adscriptas; las entidades provinciales y municipales y otras entidades y empresas nacionales, que prestan servicios públicos.
Igualmente, a las estructuras de la Administración provincial, sus dependencias y entidades subordinadas o adscriptas; los Consejos de la Administración Municipal y demás estructuras, dependencias y entidades subordinadas o adscriptas, y las organizaciones de masas, sociales y todo aquel que recibe financiamientos y otros beneficios públicos.
En el capítulo II, referido a la aplicación y principios de ordenación, se establece, entre otros principios, el derecho de las personas a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna. Además, que los sujetos obligados aseguran la amplia disponibilidad de información pública sobre sus actuaciones, por todos los medios posibles, sin que medie una solicitud.
En cuanto al alcance limitado de las excepciones, establece que “el derecho de acceso a la información pública solo se puede limitar por causas excepcionales, conforme a lo establecido en esta ley y las disposiciones normativas relacionadas con estas excepciones”.
Otros principios recogidos son los de calidad de la información pública, la celeridad, gratuidad, inclusión y no discriminación, publicidad y responsabilidad.
También (en el capítulo III) define el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, declara la finalidad de promover una cultura de la transparencia en la gestión pública y encarga al Citma elaborar propuestas de actualización de la legislación en esta materia y asesorar y supervisar a los sujetos obligados en el grado de implementación de la ley.
Sobre los sujetos obligados, legisla en la sección segunda del título III que les corresponde salvaguardar los intereses del Estado y sus ciudadanos; asegurar la trazabilidad de su gestión administrativa; promover la capacitación continua y especializada del personal vinculado a estos temas; brindar información pública en los plazos establecidos, con la calidad, veracidad y objetividad requeridas y rendir cuentas sobre su gestión en el cumplimiento de sus responsabilidades.
“Todas las personas tienen derecho a acceder y consultar la información pública, cuando no se encuentre transparentada, que comprende el derecho de recibirla y divulgarla, siempre que no se incluya entre las excepciones establecidas en la presente ley. (Art. 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)
“Los solicitantes son responsables del uso de la información a la que acceden (…) Hacerlo indebidamente puede generar responsabilidad administrativa, civil o penal, conforme a la legislación vigente”.
(Art. 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)
La ley incluye entre las excepciones al acceso a la información pública “la información clasificada o limitada y aquellas circunstancias, hechos o atributos que, de divulgarse, constituyan un daño, peligro, afectación o violación” para la soberanía, defensa y seguridad nacionales, los datos personales, un procedimiento judicial o administrativo en trámites, los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad de datos comerciales y el medioambiente.
La nueva normativa entrará en vigor a los 180 días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. Entre sus disposiciones finales, faculta al ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para que en el plazo de 60 días posteriores a su entrada en vigor elabore los procedimientos a los efectos de su implementación.
Los diputados opinan
El dictamen de la ley fue presentado por la diputada Martha del Carmen Mesa Valenciano, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quien recordó que el proyecto de ley estuvo disponible en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se recibieron opiniones, además de ser analizado en varias reuniones con los parlamentarios.
Daicar Saladrigas González, diputada por Camagüey, destacó que la normativa fue ampliamente debatida, es sencilla y concisa, y el reto está “en su implementación para instituciones y sectores de la sociedad, porque implica un cambio sustancial en lo que han sido nuestras prácticas hasta ahora”.
De ahí −continuó la diputada− la importancia de las disposiciones especiales enfocadas en la capacitación y el encargo de ello al Citma y su ministro, el fomento de buenas prácticas y la calidad de la información y la voluntad de que compartir información pública sea parte de la cultura organizacional.
Lisette Martínez, diputada por La Habana Vieja, destacó el amplio proceso consultivo para la elaboración de la ley. “Los diputados llegamos con una nueva impresión del documento”, dijo, y destacó los retos para los servidores públicos.
Yoerky Sanchez, diputado por Villa Clara, recordó que se escucharon criterios y dudas, y “se nos explicó y argumentó minuciosamente, por ejemplo, en relación con el concepto de información pública que maneja la ley”.
Agradeció a la comisión redactora por el intercambio constante.
“Es una norma que cubre un vacío legislativo en relación con el derecho ciudadano al acceso a información pública de calidad, veraz, objetiva, oportuna”, dijo y señaló que rebasa el tema de documentación y archivos.
“Es una norma superior que tributará a un país con más información, más transparencia y mucha más democracia”, concluyó.
En el debate se conoció que, con base en las opiniones de los diputados y de la población, se transformaron 22 de los artículos durante el proceso de elaboración de la ley.
Descargue el proyecto de ley (PDF)
Ministerio de Comercio Interior rindió cuentas a la Asamblea Nacional
18 de julio, 5:00 pm
Al presentar el resumen de la rendición de cuentas del Ministerio de Comercio Interior a la Asamblea Nacional, la ministra Betsy Díaz Velázquez informó que el organismo hizo dos visitas de intercambio y control a todas las provincias, comprobaciones a 89 empresas, 523 UEB y establecimientos estatales y 3 549 de gestión no estatal, incluidas áreas de concentración de trabajadores por cuenta propia.
El mismo proceso fue replicado por los grupos empresariales, empresas y UEB en todos los niveles de dirección.
La ministra puntualizó que la rendición de cuentas abarcó una red compuesta por 360 930 establecimientos, 95 688 gestionados estatalmente (26.5 % y 250 mil 910 por trabajadores por cuenta propia (69.5%).
El Mincin mantiene el monitoreo a la gestión de las comercializadoras mayoristas seleccionadas y se desarrolla la modalidad de consignación como alternativa para incrementar las ofertas. En la actividad de comercio mayorista, están inscritos 408 actores económicos no estatales.
En cuanto a la logística de almacenes, Díaz Velázquez precisó que hay un sistema de trabajo coordinado cuya prioridad es la categorización y recuperación de la red de almacenes de la economía, integrada por 26 839 instalaciones, un 73% de las cuales están categorizadas (un 84% de estas con el primer nivel tecnológico; un 11% con el segundo nivel, y un 5% con el tercer nivel).
En el sistema de comercio, el nivel más bajo de categorización se concentra en las instalaciones frigoríficas (un 58%, con un marcado deterioro en su infraestructura civil y tecnológica, lo que demanda recursos financieros externos).
La ministra informó a los diputados que fue evaluado el nivel de satisfacción de los consumidores mediante la encuesta de observación y el índice de satisfacción al cliente.
En los controles realizados, tanto en el sector estatal como en el no estatal, persisten problemas subjetivos relacionados con la violación de los tiempos de garantía de los equipos que se comercializan, la comercialización de productos vencidos, la no implementación o negación del uso de las pasarelas de pago electrónico y, como factor común, la falta de preparación del personal sobre la protección al consumidor y el incumplimiento de los derechos de los consumidores, precisó.
Sobre el Registro Central Comercial, señaló que es un objetivo del ministerio lograr su interoperabilidad con otras unidades de gestión o registros públicos afines.
Se cumple la segunda Jornada del Parlamento cubano
18 de julio, 4:00 pm
El Tercer Período Ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP, Parlamento) cumple hoy su segunda jornada en el Palacio de Convenciones, donde continúan los debates de temas trascendentes para la vida de la nación.
Colmada de numerosas cuestiones legislativas y económicas, la agenda comprende este jueves el debate de la fiscalización realizada al Ministerio de la Industria Alimentaria y la rendición de cuentas del Ministerio de Comercio Interior.
También serán electos los jueces legos para el Tribunal Supremo Popular, la máxima autoridad judicial del país, que rinde cuentas ante la Asamblea de los resultados de su trabajo y tiene seis salas de justicia.
El Tribunal incluye estructuras para tratar causas penales, problemas civiles y administrativos, delitos contra la seguridad del Estado, tramas laborales, cuestiones económicas y asuntos militares.
Por otra parte, está proyectada la rendición de cuentas del gobierno de Villa Clara, central provincia de la nación, más el debate para aprobación del anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
La evaluación del dictamen de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente deben cerrar el programa del día.
Durante la jornada inicial, este miércoles, los parlamentarios debatieron las acciones del Gobierno para dinamizar la economía, el informe económico del primer semestre del año y el reporte de la ejecución del presupuesto del Estado para 2024, entre otros temas.
Previo a esa fecha, lunes y martes últimos, los diputados analizaron en 11 comisiones permanentes los principales problemas de Cuba, con énfasis en el desempeño económico y los programas sociales.
El Tercer Período Ordinario de Sesiones del Parlamento, en su X Legislatura, comenzó la víspera y debe concluir el sábado próximo.
Comercio Interior y Villa Clara rinden cuentas, diputados analizan proyecto de Ley de Transparencia
18 de julio, 3:30 pm
Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, transcurre este jueves en el Palacio de Convenciones la segunda jornada del tercer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su décima legislatura.
Este jueves, los diputados conocerán y debatirán sobre el informe de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria. Además, rendirán cuentas a la Asamblea el Ministerio de Comercio Interior y el Gobierno provincial de Villa Clara.
Como parte de la agenda de esta jornada, será puesto a consideración del Legislativo el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, uno de los seis previstos en este periodo de sesiones, y serán elegidos jueces legos del Tribunal Supremo Popular.
La víspera, los diputados conocieron sobre la marcha de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y dinamizar la economía, al tiempo que se anunciaron nuevas medidas económicas.
También se presentó el informe sobre el desempeño de la economía en lo que va de año y la liquidación del presupuesto estatal en 2023.
Producción de alimentos centra debate en análisis de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria
18 de julio, 3:00 pm
Los resultados en la implementación de las leyes de Pesca y de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el estado de las producciones y la inversión extranjera así como las acciones para prevenir y enfrentar las ilegalidades, el delito y la corrupción en el sector, fueron analizados este jueves por los diputados, que conocieron el informe de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria, presentado por Ramón Osmany Aguilar Betancourt, presidente de la comisión agroalimentaria.
El proceso de fiscalización, desarrollado mediante 31 acciones de enero a mayo de 2024 con la intervención de las comisiones de Asuntos Económicos, Industrias, Construcciones y Energía y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, con la coordinación de la Comisión Agroalimentaria, incluyó visitas a 491 entidades, en las que se intercambió con unas 10 540 personas.
Entre estas, destacan las visitas a empresas que integran las OSDE atendidas por el ministro y las 15 alimentarias de los Gobiernos provinciales. También fueron sostenidos reuniones con el Consejo de Dirección del Ministerio, intercambios con trabajadores del sector y autoridades políticas y gubernamentales en las provincias de Granma, Guantánamo, La Habana, Holguín, Sancti Spíritus y Matanzas.
Sobre los resultados de la implementación de la Ley 129/ 2019, Ley de Pesca, y sus normas complementarias, en el informe de la más alta fiscalización se destaca la capacitación sobre la normativa que recibieron más de 12 700 pescadores, y las 232 acciones de preparación en las que participaron 542 agentes de la PNR.
El informe señala que se avanza en la implementación de las medidas aprobadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro para flexibilizar la actividad pesquera no estatal.
Entre esas medidas, están los servicios de construcción y reparación de embarcaciones de entidades especializadas a las distintas formas de gestión; el incremento hasta 60 HP de la potencia de motores a importar sin carácter comercial por personas naturales; la autorización a personas naturales para construir e inscribir embarcaciones, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos, y la creación de condiciones en los territorios para la venta mayorista y minorista de insumos (incluidos artes de pesca y medios de protección).
La emisión de licencias de pesca aumentó 48% en comparación con 2022, como resultado de que se eliminara la obligatoriedad de tener contrato con una entidad autorizada para solicitar una licencia de pesca comercial no estatal.
No obstante −señaló Ramón Osmany Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria, al presentar el informe−, durante las comprobaciones los diputados apreciaron que en varios territorios decreció la contratación de los pescadores comerciales no estatales con las empresas pesqueras y otras que transforman y comercializan producciones que se obtienen por esta vía.
Las capturas de esos actores no estatales ascendieron a 1 029 toneladas durante 2023. Al cierre de abril se habían captado 214.4 toneladas, pero las empresas pesqueras solo han comprado 104.7 toneladas, lo que muestra la necesidad de promover acciones que eleven el interés de esos pescadores en la comercialización.
“Corresponde a los Consejos de la Administración municipal desarrollar un sistema de trabajo que permita atender a estos actores económicos y convertir en una opción atractiva la comercialización de las capturas con las empresas pesqueras, las del comercio y la gastronomía y el abastecimiento al turismo, tal y como lo regula la Resolución 16 / 2023 del Minal”, dijo Aguilar Betancourt.
En esas acciones, se apreciaron resultados en la provincia de Holguín y el municipio Sagua la Grande, en Villa Clara.
“No se logra afiliar la totalidad de los pescadores comerciales privados al régimen de seguridad social y que estos contribuyan como lo establece la ley”, señaló el presidente de la Comisión Agroalimentaria.
Durante la fiscalización, los diputados conocieron que la Oficina Nacional de Inspección Estatal (ONIE) fiscaliza las medidas de manejo para los recursos pesqueros en función de cada zona de pesca, atendiendo a sus características y a lo legislado, a pesar de no lograr detectar, enfrentar y sancionar todas las ilegalidades y violaciones que se cometen.
En ese proceso, al cierre de 2023 habían sido detectados 2 041 infractores y se habían impuesto multas por 5 717 000 pesos. En 2024, fruto de las acciones de enfrentamiento a las violaciones de la ley, se han detectado 601 infractores y se han impuesto multas por 1 833 000 pesos, se decomisaron 87.6 toneladas de productos pesqueros, 37.6 km de redes y 254 medios flotantes.
“Es una muestra de la no tolerancia ante los hechos que atentan contra el manejo sostenible de los recursos pesqueros”, dijo Aguilar Betancourt, quien añadió que, además, comprobaron que se trabaja en el programa de desarrollo de la acuicultura como elemento fundamental para el crecimiento del sector pesquero, aprovechando las potencialidades locales.
Como parte de ese programa, durante 2023 se sembraron 308 millones de alevines, la cifra más alta en los últimos 10 años. Para 2024 está prevista la siembra de 357 millones de alevines.
De un plan de 14.2 millones hasta la fecha, se ha sembrado un real de 14.7 millones, para un sobrecumplimiento de un 4%. En comparación con 2022, se incrementa la producción de alevines de ciprínidos (carpas) en 121 millones.
Para 2024, el plan de alevinaje de ciprínidos (carpas) a obtener es de 357 millones, 49 millones más que el real obtenido en el 2023.
“En medio de las limitaciones materiales y financieras por las que atraviesa la economía, se ejecuta un movimiento de recuperación de áreas para la producción de alevines que ha permitido dar valor de uso a 151.2 ha y se continúa trabajando en esa dirección”, dijo el presidente de la Comisión Agroalimentaria.
A la par, se han identificado 442 productores privados, con 1 644.8 hectáreas de espejos de agua, y 179 de ellos sembraron en 1134 hectáreas.
El MEP aprobó el otorgamiento de créditos del Banco de Fomento Agrícola para la creación y desarrollo de capacidades productivas, comenzó el curso de técnico superior de ciclo corto en la Actividad de Acuicultura, y se han ejecutado inversiones y asignado recursos financieros para construir y reparar embarcaciones, adquirir artes de pesca y equipos tecnológicos que respaldan la cadena de frío y la elaboración de conformados.
Aguilar Betancourt apuntó que, a pesar de lo realizado, hasta abril se han capturado 3 767 toneladas, el 68% de cumplimiento, un decrecimiento de 63 toneladas con respecto a igual periodo de 2023.
En este empeño que tanto aporta a la Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la nación, se requiere de mayor integración y sistematicidad, reconoce el informe.
Según el informe, no se logra explotar el 100% de los acuatorios, principalmente las micropresas con potencial productivo, falta completamiento en las plantillas de pescadores por territorios, se requiere mejorar las condiciones de vida de los pescadores, no se incorporan todas las formas de gestión a esta actividad y se incumplen los contratos.
Al abordar los programas productivos que respaldan los planes de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, Aguilar Betancourt dijo que se aprecian los siguientes resultados:
- La producción industrial de las producciones acuícolas se comporta al 68.3%. En 2024, en correspondencia con la siembra de alevines de 2023, se estima recuperar la producción industrial a niveles similares a los previos a la pandemia de covid.
- En la actividad láctea, durante 2023 la industria logró acopiar 194 millones de litros, el 67.2% de lo contratado, con las consiguientes afectaciones en los principales destinos. Esa cifra fue el 49.7% de lo demandado para la canasta básica. En ese año, 9 100 productores incumplieron la contratación.
En 2024 se han contratado 232 242 500 litros de leche, el 84% del potencial. Esa leche se ha contratado con 2 833 formas productivas y 58 productores que contrataron directamente con la industria.
Al cierre de marzo, de un plan de acopio de 38 955 toneladas, se han acopiado 27 385 toneladas, el 70.3%.
- En la actividad cárnica, en el 2023 la industria recibió 47 000 toneladas, con lo que la contratación se cumplió al 71.2%. En ese año, 1 500 productores incumplieron los compromisos.
En el 2024 se han contratado 52 782 toneladas, el 83% del potencial existente. Esa carne está contratada en 2 821 formas productivas y 56 productores contrataron directamente con la industria.
Al cierre de marzo, de un plan acumulado de 14 407 toneladas de vacuno, se han entregado 7 753 toneladas, el 53.8%.
Las producciones alternativas que ha logrado la industria en la actividad láctea alcanzan 3 905 toneladas de productos lácteos y 782 toneladas cárnicos.
“Como se aprecia, persisten dificultades en la realización de la contratación económica de las empresas lácteas y cárnicas con las formas productivas y productores, además de que no se aprovechan las facultades otorgadas a las empresas para fortalecer la atención directa a los productores y contribuir gradualmente a la recuperación sostenible de los sistemas productivos locales”, dijo Aguilar Betancourt.
Según el informe presentado, durante el 2023 se produjeron 54 274 toneladas de productos, el 87% de lo planificado. Para el 2024 se han contratado 55 153 toneladas de productos. Las entregas hasta marzo se han comportado al 93% de lo contratado hasta la fecha. El incumplimiento más significativo está en el tomate (64.8%).
Las producciones alternativas de las empresas alimentarias locales alcanzaron el pasado año las 54 800 toneladas y las 6 735 toneladas en la Cadena Cubana del Pan. Al cierre de marzo 2024, con la utilización de 3 534 toneladas de extensores, se han producido 23 842 toneladas de pan, siendo los más utilizados la calabaza, la yuca y el boniato. Las mejores experiencias están en las provincias de La Habana, Holguín y Santiago de Cuba.
“Comprobamos que no en todos los establecimientos, fábricas y talleres de producción se aplican iniciativas que generen producciones utilizando materias primas locales tales como el casabe, las producciones de vinagre, pulpas de frutas, conservas de vegetales u otras que pueden incrementar los niveles de oferta a la población”, dijo Aguilar Betancourt.
Entre las prioridades planteadas por trabajadores y directivos del sector en los intercambios con los diputados, como factores para perfeccionar la gestión, están la generación de ingresos externos, el incremento de la cantidad y calidad nutricional de los alimentos, y el incremento en el uso de las fuentes de energías renovables.
Como vías para materializar esas proyecciones, se mencionan en el informe de la más alta fiscalización identificar en cada territorio las fuentes de materias primas de producción nacional, actores con capacidad de importación y fuentes de ingresos en divisas existentes, a las que se puedan vender productos en esas monedas.
Ello, con el objetivo de emplear esos ingresos “para reaprovisionarse de materia prima para mayores producciones, garantizando un ciclo de ventas por diferentes modalidades (online y otras que garanticen pagos al exterior) y generar producción en determinados niveles; vender entre un 30 y 40% de estas producciones para recuperar la divisa y el porciento restante destinarlo a responder a consumos sociales priorizados del territorio”.
Igualmente, señala el informe, identificar “nuevos rubros exportables tradicionales y no tradicionales, y potenciar los rubros actuales con el objetivo de aumentar los ingresos externos del país y que una parte se reinvierta en lo local para continuar potenciando dicho objetivo y aumentar los niveles de producción de alimentos”.
En esa situación estarían, entre otras, producciones como las de pesca de plataforma, acuicultura, cultivo de camarón y chocolatería.
Actualmente, se desarrolla conjuntamente con el PMA un rediseño y concepción de la estrategia de fortificación de alimentos, con la aspiración de rescatar producciones de compotas, harina, yogurt y leche.
Además, se ejecutan proyectos enfocados en sectores vulnerables, incluidos proyectos para desarrollar jugos para niños a partir de frutas y hortalizas; suplementos alimentarios para adultos mayores y productos alimenticios para embarazadas.
El presidente de la Comisión Agroalimentaria informó a los diputados que, a partir de los datos Registro Nacional de Productor Industrial de Alimentos y Bebidas, actualmente están identificados en todo el país 4 992 productores industriales de alimentos y bebidas, incluidas 1 241 mipymes.
Las empresas alimentarias de la subordinación local registran 2 216 productores industriales de alimentos y bebidas.
En el ámbito de las buenas prácticas y la inocuidad, los diputados detectaron dificultades de carácter subjetivo y objetivo que afectan los estándares.
Sobresalen la falta de organización en algunas panaderías para elaborar producciones alternativas que se utilizan como extensores; los espacios reducidos y con poca ventilación e iluminación para procesar los extensores, así como la falta de utensilios y capacidad de cocción, y la falta de envases que provoca la venta de productos a granel, afectando su calidad y propiciando la adulteración del producto.
De 22 producciones seleccionadas en el proceso, al cierre de 2023 se decrecía en 20 y solo crecían la carne de cerdo en bandas y las bebidas alcohólicas nacionales.
En 2024, al cierre de marzo, de esas 22 producciones seleccionadas, seis crecen (cuatro más: bebidas alcohólicas nacionales, croquetas, cerveza, refrescos, langosta y conservas de tomate), aunque siguen siendo insuficientes para satisfacer las demandas de la población y la economía.
El informe recoge el comportamiento de las principales producciones hasta marzo:
- Harina de trigo: el plan se cumple al 44%, dejándose de producir 36 000 toneladas. Con respecto a igual período de 2023, disminuye en 27 785 toneladas.
- Soya beneficiada: no se ha producido en el año, disminuyendo en 3 520 toneladas con respecto al 2023 y afectándose la producción de yogur de soya, con 10 000 toneladas menos.
- Carne de res deshuesada: el plan se cumple al 47%, dejándose de producir 1 569 toneladas. Disminuye en 800 toneladas en relación con el 2023, afectando las entregas de carne de res para niños y dietas.
- Carne en conserva: el plan se cumple al 71%, dejándose de producir 2 238 toneladas. Se decrece en 6 685 toneladas, debido al déficit de harina de trigo y MDM.
- Café: el plan se cumple al 58%, dejándose de producir 1 217 toneladas. Se decrece en 1 530 toneladas debido al incumplimiento de las entregas de la agricultura
- Croquetas: se producen 1 091 toneladas, creciendo en 547 toneladas con respecto al 2023, a partir de la adquisición de materias primas a las FGNE.
- Bebidas alcohólicas nacionales: se cumple al 82%, dejándose de producir 8 800 hectolitros. Se crece en 39 813 hectolitros con relación al año anterior.
- Refresco: se cumple el plan al 76%, dejándose de producir 91 hectolitros. Se crece en 179 159 hectolitros con relación al año anterior.
- Captura bruta: se cumple al 56%, 1 346 toneladas menos que el plan, con la falta de combustibles como uno de los factores. Con respecto al año anterior se disminuye en 1 310 toneladas.
- Acuicultura: cumple el plan al 69%, con 456 toneladas menos. Se disminuye en 153 toneladas respecto a igual período del año anterior.
- Helados: se cumple al 57%, dejando de producir 497 galones. Incide en este incumplimiento el déficit de azúcar, leche en polvo y grasa vegetal. Con respecto a igual período del año anterior se decrece en 949 galones.
El informe recoge, en el escenario general de las producciones, factores como el incremento de los precios de las materias primas, dificultades para adquirir materias primas e insumos secos, el incumplimiento de las entregas de melaza para producción por la industria azucarera, poca autonomía financiera que determina altos volúmenes de pagos retenidos y deudas comerciales y con socios foráneos.
Además, limitada utilización de las capacidades productivas instaladas por el déficit de materias primas, insumos y envases.
Según el informe, al cierre del 2023, en las exportaciones del Minal el sector de la pesca fue el de mayor incidencia en el incumplimiento, por lo cual requiere de un tratamiento diferenciado a partir de las potencialidades de crecimiento que posee.
“El decrecimiento del sector pesquero está asociado a importantes incumplimientos productivos motivados por el insuficiente alimento animal, afectaciones con el combustible y escasos suministros de insumos, equipamientos y materias primas; deterioro de la flota pesquera del país; el deficiente control, indisciplinas y mal manejo de las estrategias pesqueras en la acuicultura; siembras de años anteriores con baja calidad, además de la deficiente atención a las producciones con destino a la exportación”, agrega.
Al pasar al punto de la prevención y enfrentamiento a ilegalidades, delito, corrupción e indisciplinas sociales en el sector, el presidente de la Comisión Agroalimentaria informó que las acciones operativas de la ONIE en conjunto con los órganos del Minint (PNR y TGF) han contribuido a frenar ilegalidades e indisciplinas.
En el primer cuatrimestre de 2024 se detectaron 50 hechos delictivos, nueve más que en igual período anterior, aunque disminuyó la afectación económica en más de un millón de pesos, a partir de la detección y recuperación de lo sustraído.
El informe señala que “los salarios y utilidades que se pagan en el sistema empresarial del Minal no cubren las expectativas de los trabajadores, siendo uno de los más bajos del país en fábricas donde se procesan gran parte de las materias primas para la elaboración de alimentos”.
Subraya que “es una necesidad continuar mejorando este indicador y fortalecer el trabajo en valores en los colectivos para combatir causas y condiciones que propician estas manifestaciones”.
Entre las recomendaciones del informe de la más alta fiscalización al Minal, están las siguientes:
- Fortalecer las acciones de control que permitan el cumplimiento de las regulaciones pesqueras y sobre la producción industrial de alimentos y bebidas.
- Acelerar el proceso de traspaso de las entidades previstas a los sistemas agroalimentarios locales como parte de la descentralización de facultades e incrementar las entregas de la producción de cada entidad a los balances municipales de alimentos.
- Establecer mecanismos financieros que permitan disminuir el nivel de cuentas por cobrar y pagar, incluidas las existentes, entre entidades del propio organismo y grupos empresariales.
- Perfeccionar la preparación del personal encargado de los procesos de diseño, negociación y concreción de las oportunidades de negocios.
- Identificar proyectos con un marcado carácter exportador, que potencien los encadenamientos productivos con la industria nacional y el objetivo de modificar la tendencia importadora que presentan.
- Recuperar el potencial productivo y exportador de la industria pesquera, incluida la acuicultura. Avanzar en la identificación de las potencialidades en los territorios para fortalecer la producción, el acercamiento a los productores, la concreción de nuevos productos y rescatar la flota pesquera del país.
- Actualizar los esquemas de financiamiento para producciones que aseguren el suministro de materias primas e insumos para la producción.
- Transformar la gestión de la cooperación internacional y el diseño de proyectos a una menor escala, con alcance municipal.
- Potenciar la promoción y ejecución de proyectos que permitan la conexión entre las entidades de ciencia tecnología e innovación y el sistema empresarial, con efectos apreciables en los incrementos de la producción de alimentos nutritivos e inocuos.
- Perfeccionar los encadenamientos con los productores nacionales de materias primas bajo el principio de cadenas del valor, logrando perfeccionar la contratación económica.
- Incrementar la exigencia en la implementación del sistema integral de mantenimiento industrial en cada una de las empresas para lograr una cultura de mantenimiento en todas las instalaciones.
- Fortalecer el trabajo en valores con los trabajadores del sector. Incrementar el control administrativo y la vigilancia revolucionaria. Perfeccionar la aplicación de sistemas de pago por resultados estimulando la eficiencia y eficacia productiva, para reducir causas que condicionan la ocurrencia de legalidades, hechos delictivos y casos de corrupción.