La primera Consulta en Cuba para debatir los aspectos más relevantes del Anteproyecto de Ley de Educación, norma que será examinada por vez primera en el Parlamento Cubano, tuvo lugar este miércoles en el Teatro de la Universidad de Guantánamo.
El desarrollo de la normativa tiene el reto de actualizar las políticas públicas estratégicas del sector, y entre los temas priorizados se encuentran la innovación en métodos de enseñanza, la educación inclusiva, la responsabilidad de la escuela y la universidad ante la sociedad, vínculo universidad-empresa-gobierno, y las reformas de las políticas públicas asociadas al perfeccionamiento de la Educación.
Los participantes opinaron sobre temas relacionados con el uso y manejo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en el desarrollo educativo, la protección y vulnerabilidad de los educandos y profesores, así como los deberes, derechos y formas de estimulación al personal docente y trabajadores de apoyo a la docencia.
También se centraron en el papel de la familia y la calidad humana de los docentes para la formación de los estudiantes, el pago de la categorización a los profesores, así como la obligatoriedad de los estudiantes de cursar hasta el noveno grado en el sistema educativo cubano.
La cita estuvo presidida por los Doctores en Ciencias Reynaldo Velázquez Zaldívar, Viceministro de Educación Superior, y Margarita McPherson Sayú, metodóloga del Ministerio de Educación.
En la conferencia participaron profesores, estudiantes y miembros del Consejo de Dirección de la Universidad de Guantánamo y la Dirección General de Educación en la provincia, encabezados por la Doctora en Ciencias Osiris Aranda Creagh, rectora de la Casa de Altos Estudios, y Antonio Tamayo Romero, máxima autoridad educativa en el oriental territorio.
La elaboración del Anteproyecto de Ley de Educación comenzó en el año 2019 con el objetivo de integrar en una sola ley todas las normativas aprobadas desde el triunfo de la Revolución, para lograr un sistema educativo más articulado que responda y proteja los derechos y deberes de los niños, jóvenes y adolescentes, y contribuya a las transformaciones económicas y sociales del país.
