A través de su perfil en la red social X, la organización precisó que, junto a otros sindicatos y agrupaciones defensoras de los derechos humanos, presentará un recurso penal contra el envío de efectivos a las reuniones para vigilarlas.

Durante las últimas semanas, ATE y sus representaciones en varias provincias realizaron paros, movilizaciones y asambleas para denunciar el despido de alrededor de 15 mil personas de la administración pública nacional.

Bajo el lema Sin trabajadores no hay Estado, sin Estado no hay derechos, los miembros de la organización exigieron la reincorporación inmediata de las personas cesadas, el fin de las medidas de ese tipo, la regularización de todos los vínculos contractuales y el pase a planta permanente para todos los asalariados.

Además, demandaron un aumento salarial que permita hacer frente a la elevada inflación, el fin de las políticas de ajuste y de la privatización de empresas públicas, la continuidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y jubilaciones justas.

Por otra parte, pidieron la anulación del protocolo antiprotestas y de los actos de amedrentamiento, así como la derogación del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que elimina o reforma más de 300 leyes.

Durante las demostraciones, la Policía argentina impidió el acceso a organismos y ministerios y arremetió contra los participantes en una manifestación frente a la cartera de Economía, lo cual fue denunciado y calificado de antidemocrático.