Con el 55,74 por ciento de mujeres en la Asamblea Nacional del Poder Popular, Cuba exhibe, a nivel mundial, una alta proporción de féminas ocupando escaños parlamentarios y por delante queda el desafío de seguir convirtiendo ese número en una gran oportunidad, afirmó un funcionario de Naciones Unidas.
En el I Taller parlamentario por la igualdad de género Francisco Pichón, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, señaló que la presencia de las mujeres en el máximo órgano legislativo del país representa la oportunidad de desatar un movimiento que abra puertas, que movilice conciencias, que sume cada vez más personas, grupos y organizaciones a la lucha por la igualdad de género.
El funcionario destacó en el Capitolio Nacional que la participación y el liderazgo de las mujeres en la política y la vida pública en igualdad son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de 2030.
Sin embargo, datos de ONU Mujeres muestran que la representación es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo, precisó.
Al referirse al contexto cubano, la diputada Arelys Santana, presidenta de la Comisión Permanente de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, resaltó el papel de las mujeres en los órganos del poder popular.
Mencionó que las delegadas de circunscripción representan el 44,12 %, mientras que son presidentas de consejos populares el 45,7 % y el 50 % de las asambleas municipales del poder popular cuentan con presidentas.
Este taller, agregó, nos permite preparar a las que se inician en la legislatura, así como dar seguimiento al empeño de perfeccionar el proceso articulado de comprobaciones al cumplimiento de los acuerdos, decretos, leyes y políticas aprobadas por nuestra Asamblea Nacional y los órganos de Gobierno.
La Doctora en Ciencias Sociológicas Clotilde Proveyer, coordinadora del Grupo de Expertas de la Federación de Mujeres Cubanas, habló sobre los desafíos de la Estrategia integral para la prevención y atención de la violencia de género y en el escenario familiar como política pública.
En ese sentido detalló que es necesario perfeccionar y/o crear servicios especializados que brinden una atención integral a las víctimas de violencia; perfeccionar y ampliar las acciones comunicativas sistemáticas de información, sensibilización y divulgación mediante la acción especializada de profesionales capacitados; y garantizar el adecuado diseño y aplicación de los protocolos en las instituciones.
Otros de los retos están en promover el desarrollo de cultura jurídica en la población sobre esta materia, ampliar la visibilización y comprensión de la violencia de género como problema social, y garantizar que los profesionales de la atención social, sanitaria, de emergencia, policial o jurídica posean herramientas teórico-metodológicas y la perspectiva de género para una adecuada atención, prevención y no revictimización.