Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comenzó este jueves en el Palacio de las Convenciones de La Habana el primer periodo ordinario de sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), con una agenda centrada en el análisis de temas medulares para el desarrollo socioeconómico del país.
Luego de dos jornadas de trabajo en las diferentes comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, los diputados debatieron el proyecto de Ley del Código Penal Militar y la Política Integral para la Atención a la niñez y juventudes.
Los diputados también discutieron sobre el cumplimiento de las directivas generales para el enfrentamiento al delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.
También se analizó el proyecto de acuerdo que regula el vínculo de los miembros del máximo órgano legislativo cubano con sus electores.
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Entró en vigor metodología para la formación de precios
La Resolución 148/2023 “Metodología para la elaboración de las fichas de costos y gastos de productos y servicios para la evaluación de precios y tarifas”, del Ministerio de Finanzas y Precios, entró en vigor hoy, la cual actualiza las regulaciones de relevantes elementos en la formación de precios en Cuba.
Entre los factores que han incidido en la limitada efectividad de las medidas aplicadas en el país hasta la fecha para regular y controlar este fenómeno se encuentran la falta de coherencia en la asimilación del concepto de “abusivos” o “especulativos”, de las definiciones y regulaciones sobre formación y control de precios que garanticen su adecuada implementación, por lo que fue emitido este texto legal.
Según explicó este viernes en presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, durante el I Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios, de manera novedosa la nueva metodología posee un criterio inclusivo para todos los actores económicos – incluidos los no estatales- como expresión de contar con un único sistema empresarial, que debe operar en igualdad de condiciones.
Su implementación debe contribuir a una mayor transparencia de los niveles de costos y gastos a reconocer en la determinación de precios y tarifas, al definir la obligatoriedad de confeccionar la Ficha de Costos y Gastos de Productos y Servicios, dijo.
Señaló que se definen los conceptos generales que sustentan la confección de las fichas con criterio de flexibilidad en el modo de presentación, lo que permite que se ajusten a las características y complejidad de las diferentes actividades.
Como elemento fundamental, afirmó, se establece para las empresas estatales y sociedades mercantiles de capital 100 por ciento cubano, las tasas máximas de utilidad por tipo de actividades, lo que a la vez repercute en la formación de precios correlacionados.
Además, se regulan coeficientes máximos de gastos indirectos para las actividades de producción y de servicios, lo que incide en la racionalidad de los precios que se elaboran por método dye gastos.
Disponer de estas fichas favorece los procesos de negociación de precios y tarifas y contribuye a crear mejores condiciones para la concertación por los gobiernos locales de precios racionales con los actores económicos, quienes quedan obligados a mostrar las bases de las determinaciones de sus precios y tarifas.
De igual manera, deben transparentar los costos y gastos a las autoridades e instituciones de control, por lo que constituyen una herramienta indispensable en la batalla para enfrentar los precios abusivos, aseveró.
Proponen acciones para regular y controlar los precios en Cuba
Para regular y controlar los precios en el país, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) propone un grupo de acciones, entre ellas, elaborar, aprobar e implementar la regulación general sobre índices máximos para la formación de precios en la actividad comercial que desarrollan las formas de gestión no estatal con base en la importación.
Según información ofrecida hoy a los diputados, se precisa de una normativa de carácter general que disponga un límite objetivo en la formación de los precios, que reconozca los costos y gastos asociados a la actividad y un margen de ganancia razonable, que garantice el necesario equilibrio entre la sostenibilidad de la actividad y la capacidad adquisitiva de la población en las actuales condiciones económicas y sociales.
Corresponde al MFP la elaboración de esta propuesta, para lo cual se promoverá de inmediato el intercambio directo con los actores económicos que participan en las principales cadenas de comercialización, desde el importador hasta el consumo final, con el objetivo de contrastar los estudios sobre los costos y gastos reales.
Otras acciones propuestas son incrementar el monitoreo y control sobre los precios, a partir del fortalecimiento de los equipos institucionales de inspección y verificación; y consolidar el mecanismo de concertación del valor de productos de impacto en la población.
Vladimir Regueiro, titular del MFP, informó en los debates del I Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que el índice de precios al consumidor al cierre del 2022 registró un crecimiento de 39 por ciento (%) y en el transcurso del primer semestre del presente año se ha mantenido la tendencia al alza, que al cierre de junio muestra un aumento acumulado de 18 %, y en comparación con igual período del año anterior, de 45 %.
Esto, dijo, expresa una dinámica de crecimiento superior, que se concentra fundamentalmente en productos alimenticios y servicios de transporte.
Regueiro destacó que el incremento y diversificación de las producciones y ofertas nacionales constituye la variable más efectiva para la reducción de los niveles de precios.
No obstante, reconoció que en el contexto actual cobra mayor relevancia la responsabilidad del Estado y del Gobierno en la implementación de medidas de regulación y control de precios, con una proyección integradora para todos los sectores de la economía.
Mencionó que para enfrentar esta situación fueron dadas a los ministerios, gobiernos provinciales y municipales y a los grupos empresariales, orientaciones específicas, sin embargo los resultados alcanzados son insuficientes.
Explicó que en la limitada efectividad de las medidas aplicadas ha incidido la falta de coherencia en la asimilación del concepto de precios abusivos o especulativos, de las definiciones y regulaciones sobre formación y control de precios, que garanticen su adecuada implementación.
Con este objetivo fue emitida recientemente, la Resolución 148/2023 “Metodología para la elaboración de las fichas de costos y gastos de productos y servicios para la evaluación de precios y tarifas”, la cual, aunque constituye un avance, su alcance se circunscribe a las actividades productivas y de servicios.
Debido a su importancia para la agenda pública y el desarrollo de la economía, el crecimiento de los precios ha sido un tema transversal en la mayoría de los debates de los diputados durante el actual periodo de sesiones del Parlamento.
Tapia Fonseca: Ley de soberanía alimentaria y medidas para la agricultura no logran el efecto deseado
Como parte del programa del primer periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados analizaron la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada por la ANPP en mayo de 2022.
Al analizar la puesta en marcha de la normativa, a partir del informe presentado a los diputados por Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro de la República de Cuba, se recordó la atención que han dado el Partido y el Gobierno a la seguridad alimentaria y nutricional, con la adopción de políticas en los diferentes sectores de la economía, las que se concretaron en leyes, estrategias, programas y planes.
Luego, con la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución fue aprobado un grupo de políticas públicas, agrarias y alimentarias, que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional.
“Pero no es la ley la que resolverá esta problemática. Es en los territorios, con producción, donde se soluciona. La ley nos da herramientas para lograr que los alimentos lleguen al plato de los cubanos, que es el objetivo”, reflexionó el vice primer ministro.
“La mirada debe ser qué más podemos hacer para alcanzar de una vez la tan necesitada soberanía alimentaria”, subrayó.
Tapia Fonseca refirió que en el año 2021 fueron adoptadas 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria, que propiciaron la eliminación de trabas y flexibilizaron procesos.
“En sus inicios, tuvieron un impacto importante, y más tarde, a consecuencia de la agudización de la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo, algunas de las metas no han podido cumplimentarse o solo se alcanzaron parcialmente”.
Ese contexto conlleva la adecuación del modelo productivo y de gestión, que ha marcado también el diseño de políticas públicas sobre la seguridad alimentaria y nutricional en el país, señaló el vice primer ministro.
Por eso, en correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba en 2020, así como su instrumentación jurídica, la Ley 148/2022, De Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en conjunto con su reglamento, el Decreto No. 67 de 2022.
¿Cómo avanza la implementación de la ley?
Según trascendió en el informe presentado a los parlamentarios, el cronograma de implementación contiene tres etapas: la primera, relativa a la comunicación social; la segunda, enfocada en la creación de capacidades con proyección territorial y comunitaria, y la tercera, dirigida a la implementación, con fases de preparación y diagnóstico.
“Un número considerable de las acciones previstas hasta la fecha han sido cumplidas por los responsables; no obstante, se requiere elevar el rigor en el control y establecer indicadores medibles para las tareas contenidas en cada etapa”, dijo Tapia Fonseca.
En la primera etapa se desarrollaron las acciones generales de comunicación social, que propiciaron el conocimiento, la retroalimentación y la evaluación constante, para la adecuada implementación de los contenidos de la ley y su reglamento.
“Cada cubano debe comprender la necesidad de producir alimentos. Esto debe hacerse desde las mismas escuelas”, sostuvo Tapia Fonseca, y agregó que se debe realizar una revolución desde la agricultura, que incluya a todos los organismos de la Administración Central del Estado vinculados con la ley.
Dentro del plan destacan acciones divulgativas, la producción y puesta en parrilla de cápsulas y spots, así como el desarrollo del proyecto Cultivar Conciencia como plataforma promocional de las buenas prácticas relacionadas con la implementación de estas normas.
La segunda etapa de formación de capacidades, con proyección territorial y comunitaria, se inició por el entrenamiento de formadores para dinamizar el acompañamiento, la asesoría y creación de capacidades endógenas, a través de la concepción político-pedagógica de la educación popular.
Al respecto, Tapia Fonseca mencionó entre los principales resultados hasta la fecha la formación de agentes dinamizadores en 152 municipios del país.
Asimismo, la realización de talleres nacionales, provinciales y municipales, un total de 694, sobre la sensibilización de la ley SSAN, las herramientas metodológicas, los planes de acción y las estrategias y medidas para prevenir y reducir pérdidas y desperdicios de alimentos.
Además, se capacitó a 23 297 personas en todo el país, un 42% mujeres y un 17% jóvenes menores de 35 años. En el curso online sobre la ley, disponible en el Observatorio para la Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional Con más Ciencia, han participado 614 personas.
El vice primer ministro dijo que la tercera etapa, que concierne al cronograma de implementación, comenzó en noviembre de 2022 con la constitución de las comisiones de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en sus tres niveles.
En cuanto a la gobernanza e institucionalidad de las comisiones, en específico de la Comisión Nacional, se aprobó su funcionamiento mediante la creación de cinco grupos temporales de trabajo, según los ejes estratégicos del Plan SSAN.
A su vez, la comisión nacional tiene adscrito el Comité Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, constituido por el Ministerio de la Agricultura.
De acuerdo con el informe presentado a los parlamentarios, como parte de la implementación y aplicación de la ley cada grupo temporal que integran las comisiones SSAN identificó entre los principales problemas que la creación del sistema empresarial agroindustrial municipal, a modo de experimento, se implanta en 18 municipios, lo cual se ha desarrollado con lentitud. Paralelamente, se trabaja en el resto de los municipios del país.
En la fase de diagnóstico se identificaron las brechas nutricionales existentes, concentradas en el déficit de energía, grasas y proteínas. Se logró identificar en la mayoría de los territorios que estos no se autoabastecen según la demanda definida.
“Tenemos que partir de las potencialidades de cada territorio, para que los análisis y planes sean correctos, e incorporar las investigaciones de los científicos”, afirmó Tapia Fonseca.
Añadió que “todos los municipios y provincias pudieran ser soberanos y seguros en la producción de viandas, hortalizas y frutas. En los casos del arroz, granos, leche, carne vacuna y ganado menor, no todos pueden alcanzarlo”.
Parlamento cubano ratifica acuerdo que regula el vínculo del diputado con sus electores
La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó, este viernes, el Acuerdo que regula el vínculo de los diputados con los electores del territorio donde resultaron elegidos, con el propósito de hacer cumplir la responsabilidad de la relación estrecha que surge del diputado con el pueblo.
Sobre el Acuerdo, Homero Acosta Álvarez, diputado y secretario de la ANPP, precisó que se sustenta en referentes legales como la Constitución de la República y el deber de los parlamentarios de rendir cuenta del cumplimiento de sus funciones como tal, según lo establecido en la Ley, sumado a que la función del diputado rebasa el marco del territorio y la circunscripción.
Acerca de las acciones para desarrollar el vínculo reflejadas en la normativa, Acosta Álvarez se refirió a los recorridos por los municipios y distritos por donde fueron electos los diputados, el intercambio con los vecinos de esos territorios, la visita a los centros de trabajo y de estudio, así como la participación en plenarias, audiencias públicas, actos masivos, reuniones de trabajo y otras actividades.
APRUEBAN DIPUTADOS CÓDIGO PENAL MILITAR
El Código Penal Militar, aprobado este jueves por los diputados a la Asamblea Nacional, es una Ley penal militar moderna, atemperada a nuestras realidades socio-económicas, en armonía con la Carta Magna y las demás disposiciones jurídicas vigentes, así como con los instrumentos jurídicos internacionales de los que Cuba es firmante, resaltó Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP).
Al realizar la presentación del Proyecto ante el Parlamento, Remigio Ferro indicó también que con la aprobación culmina el perfeccionamiento del sistema jurídico penal y cierra el ciclo de la constitución de la plataforma legal que da pie al ejercicio de la justicia penal en el país, en este caso en el ámbito militar.
La propuesta, destacó, tiene el propósito de actualizar las regulaciones vigentes en esta materia, garantizar la preservación del orden y la disciplina militar y social, y la tranquilidad ciudadana conforme presenta la Carta Magna.
También busca mantener la armonía y correlación con el Código Penal vigente aprobado para el ámbito común, con la legislación procesal penal y con el perfeccionamiento de los Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, lo que incide directamente en el fortalecimiento de la justicia militar y la capacidad y disposición formativa de las instituciones armadas del país.
Modificativo de la Ley No. 22 de los Delitos Militares, del 15 de febrero de 1979, destacó Rubén Remigio que el Código fue el resultado de una construcción colectiva, a partir de un grupo de trabajo que sesionó desde noviembre de 2021, integrado por la Universidad de La Habana, la Universidad Militar de Ciencias Jurídicas, los Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Militar y el Tribunal Supremo de Justicia, entre otras instituciones.
Como resultado del proceso de debate y consulta con los diputados fueron recogidas 63 propuestas, de las cuales 51 fueron aceptadas y 12 desestimadas por causas que se les explicaron debidamente a los legisladores.
A partir de la publicación en el sitio web del Parlamento, se recogieron 34 observaciones hechas por la población, convertidas en 30 propuestas, de las que se aceptaron unas 14.
NOVEDADES Y VENTAJAS DEL NUEVO CÓDIGO
El presidente del TSP, al referirse a las ventajas del nuevo Código, se refirió a que la norma desarrolla preceptos constitucionales que impactan en la legislación sustantiva militar, reconoce el tratamiento supletorio del Código Penal y armoniza la regulación de las instituciones con las de esta Ley.
A su vez, reformula, despenaliza y añade tipos de delitos, se reducen de 13 a cuatro los delitos en los que se puede aplicar la sanción de pena de muerte, que en este caso se sustituye por la privación perpetua, dejando la pena máxima para hechos muy graves.
El Código -indicó Remigio- también incluye la sanción de multa en los delitos menos graves; establece un tratamiento penal diferenciado para personas entre 16 y 18 años, un mandato recogido en la Constitución y en la Convención Internacional de los derechos del niño; e incluye como sujeto de la Ley a las personas que, sin ser militares, ostentan la condición de Combatientes.
Agregó que se excluyen los delitos de conducta deshonrosa por la generalidad de formulación, no ofrece seguridad jurídica; ofensas al jefe y al subordinado, se trata de conductas de menor lesividad y, cuando afloran, progresan hacia otros comportamientos regulados en el anteproyecto; e infracciones del Régimen Especial de Seguridad, se subsumen en el delito de insubordinación de desobediencia con mayor penalidad.
A su vez, se añaden los delitos de revelación de información limitada; infracciones del régimen de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación; acoso contra subordinado o subalterno u otro militar; abandono de las obligaciones del servicio por el combatiente.
La nueva norma jurídica se estructura en dos libros, 10 títulos, 19 capítulos, 31 secciones, 60 artículos, tres disposiciones especiales e igual número de finales.
Al presentar el Dictamen, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, expresó que el derecho penal, en intento de salvaguardar la sociedad, deviene una pieza clave dentro del sistema jurídico del Estado.
Expuso la importancia de esta Ley que se sometió a votación, al tiempo que agregó que las instituciones armadas conforman una organización especializada en cuanto a misión, estructura, funcionamiento y forma de vida.
La aprobación de esta norma favorece el fortalecimiento de la disciplina militar y el mando único, actualiza el catálogo de delito en la vida militar y lo armoniza con leyes antes aprobadas.
Como parte del debate, el diputado Joel Ortega Dopico, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, expresó que un país como el nuestro no haya tenido que aplicar en 20 años la pena de muerte, dice mucho de las fuerzas del orden en su trabajo por preservar la seguridad y el orden del país.
La vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y diputada Yamila González Ferrer, reconoció el trabajo de la Comisión para tener en cuenta las opiniones de incluir, reconocer y visibilizar el papel de las mujeres.
Asimismo, el diputado por Artemisa, Miguel Chambonet Martel, destacó el aporte significativo de los diputados a la norma, así como los profesores de las facultades de derecho de la Educación Superior en la construcción de la misma.
Agregó que las intervenciones de los diputados en la construcción de este Proyecto –ya Ley– fueron de aporte y se esclareció, por parte de los ponentes, las dudas existentes para una mejor comprensión y elaboración final.
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INTENSAS JORNADAS DE TRABAJO EN LAS COMISIONES
Según el control de asistencia, están presentes más del 95% de los diputados, por lo que existe el quorum suficiente para dar inicio a la Sesión, expresó el Miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo Hernández.
Añadió que, como orden del día, se encuentra:
- Proyecto de Ley del Código Penal Militar.
- Política Integral para la Atención a la Niñez y las Juventudes.
- Resultados del cumplimiento de las directivas generales para enfrentar el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.
- Proyecto de Acuerdo que regula el vínculo de los diputados con los electores del territorio donde resultaron elegidos.
Lazo Hernández recordó sus palabras al quedar constituida la actual Legislatura, al decir que estaría inmersa en desafíos y retos. Dijo que en mayo se celebró la segunda sesión extraordinaria que, además de aprobar la Ley de Comunicación Social, quedaron constituidas las Comisiones, se realizaron 37 propuestas al análisis de la economía llevado a cabo y fueron trasladados a los OACE, las instituciones correspondientes, «los que tienen seguimiento por las Comisiones y el Gobierno».
En el periodo se trabajó intensamente y muestra de ello es la labor de las Comisiones –donde se discutieron 85 temas– en la preparación y desarrollo de los dos días de trabajo previo.
Los puntos analizados en estos dos días de trabajo, previo al Primer Periodo, fueron objeto de comprobaciones de los diputados en relación directa con el pueblo en los diferentes territorios.
Como parte del trabajo parlamentario, se realizaron visitas a Ciego de Ávila y Camagüey para contactar con la población la percepción del cumplimiento de los objetivos de la Asamblea Nacional.
Lazo Hernández remarcó que la agenda de la Sesión Ordinaria en estos días será intensa y abarca problemáticas que inciden en la vida diaria del pueblo, «creemos que en el ejercicio de la Asamblea contempla discutir, analizar, realizar propuesta sobre asuntos que son interés de la ciudadanía. Es una responsabilidad y compromiso de los diputados con el pueblo y la Revolución», dijo.
Destacó que, a pocos días de celebrarse el 70 aniversario de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el recuerdo y homenaje a los caídos y a su líder, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien liderara la Generación del Centenario.
En esta Asamblea, resaltó, contamos con dos de esos jóvenes que siguen aportando a la causa de la Revolución: el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana y el Comandante Ramiro Valdés Menéndez, ejemplos de firmeza, lealtad y compromiso a la Patria, el pueblo y la obra por la que lucharon.
Posteriormente, los diputados sometieron a votación y aprobaron los cinco acuerdos de las Comisiones que, por su importancia, se llevó al consenso en la plenaria.
Durante los días 18 y 19 de julio trascendieron en el Palacio de Convenciones de La Habana intervenciones referidas a la producción de medicamentos y de alimentos, el Programa de Atención Materno Infantil, el embarazo adolescente, el perfeccionamiento de la educación y las problemáticas que inciden en la incipiente recuperación de la economía nacional, entre otros temas.
Durante los días 18 y 19 de julio trascendieron en el Palacio de Convenciones de La Habana intervenciones referidas a la producción de medicamentos, el Programa de Atención Materno Infantil, el embarazo adolescente, el perfeccionamiento de la educación y las problemáticas que inciden en la incipiente recuperación de la economía nacional, entre otras.
En un apartado como el dedicado a la alimentación, Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la ANPP, insistió en la necesidad de incrementar la producción nacional de alimentos y disminuir la importación, por ejemplo, de los productos de la canasta familiar normada.
Explicó que solo así se concretará la soberanía alimentaria a la que se aspira.
Se presentaron en el debate de las comisiones permanentes del Parlamento las severas condiciones climatológicas a las que se someterá la nación en un corto plazo, donde el aumento de las temperaturas y del nivel medio del mar incidirá directamente en la preservación de la especie humana, de la flora y la fauna y en la consecución del desarrollo sostenible.
De manos de Leticia Morales González, viceministra primera de Economía y Planificación, se conoció que ese sector no alcanza aún el ritmo necesario en su crecimiento.
Para ello, la funcionaria enfatizó en la necesidad de avanzar con más celeridad en las medidas vinculadas con la captación de divisas, al aumento de la producción nacional de alimentos, al control de la inflación, al sistema eléctrico nacional y al ordenamiento de los actores económicos, entre otros.
En cada una de las comisiones se reiteró la importancia de la integración de todos los sectores y en la utilización de los resultados que arrojan las investigaciones científicas para ejecutar planes concretos que garanticen la recuperación gradual de las diferentes esferas del desarrollo en la nación.
Hasta el 22 de julio venidero tendrá lugar el I Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la ANPP.
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