Mejorar la labor jurídica en el país para reforzar la legalidad, superar obstáculos y errores, aplicar y hacer cumplir correctamente las normas legales e incrementar la calidad de los servicios y la atención a la población, entre otras cuestiones, son premisas del trabajo para el Ministerio de Justicia (Minjus) en 2023, abordadas ayer en el balance anual de la institución.
En reunión presidida por el miembro del Buró Político del Partido y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, y por Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, se definieron proyecciones de trabajo para el año actual, entre las cuales se encuentran continuar trabajando con prioridad en la solución de las trabas y prohibiciones no resueltas, y perfeccionar la gestión integral de los recursos humanos y la política de cuadros para garantizar la consolidación de valores como la profesionalidad, la sensibilidad y la decencia en el ejercicio de las funciones.
También se proyecta el perfeccionamiento del Sistema de Atención a la Población, a partir del despliegue de la aplicación de participación popular de la plataforma Bienestar a todas las direcciones provinciales de Justicia, a fin de lograr mayor calidad y prontitud en las respuestas; así como reforzar las actividades de control en el sistema del Minjus y avanzar en la estrategia de perfeccionamiento e integración de los registros públicos y la transformación digital, entre otras metas propuestas.
Sobre la gestión de la entidad en el año 2022, se conoció que el cumplimiento de las funciones se desarrolló en un contexto complejo caracterizado por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, el incremento de la subversión político-ideológica y, especialmente, por el aumento sistemático, en cifras históricas, de la demanda de servicios notariales y registrales en el territorio nacional.
Se informó que en el periodo se autorizaron 793 413 documentos notariales al cierre de diciembre de 2022, el doble de la cifra obtenida en 2021, que fue de 376 719, al ser atendidas aproximadamente 1 600 000 personas naturales y jurídicas.
En relación con los tipos de trámites, aumentaron los poderes especiales, las autorizaciones para la obtención de pasaportes de personas menores de edad, la compra-venta de viviendas y vehículos de motor, y los testamentos respecto a las declaratorias de herederos.
Avanzó el proceso de constitución de mipymes y cooperativas no agropecuarias (cna). Se informó que, del 21 de octubre de 2021 al 30 de diciembre de 2022, se habían constituido 5 187 mipymes y 56 cna, colocadas en la plataforma digital de actores económicos las copias digitales con la firma electrónica de los notarios que acceden a los registros mercantiles.
En el informe anual se reconoció que, aunque se cumplieron parcialmente algunos indicadores, no se logró la óptima organización del área de trámites, por los volúmenes y las complejidades que presenta este servicio.
A pesar del sobrecumplimiento mostrado en la venta de servicios, los ingresos provenientes del exterior se comportan al 66,1 % de lo planificado en el año; se mantienen saldos envejecidos de cuentas por cobrar en el exterior, debido a las dificultades para efectuar los cobros, y existen recursos financieros inmovilizados de capacidad de liquidez.
En sentido general, se identificaron como deficiencias del año 2022 la insuficiente gestión integral de la política de cuadros y de los recursos humanos, en especial en la capacitación técnica vinculada al puesto de trabajo; la subsistencia de dificultades en el desempeño de algunos notarios y registradores, en especial de los del Estado Civil. Se identificó, por ejemplo, el maltrato a la población, la falta de sensibilidad, errores, la exigencia de documentos innecesarios y otras de carácter organizativo, debido al incumplimiento de las indicaciones del Minjus; la demora, en algunos casos, en la respuesta a los planteamientos e inconformidades de la población, y el no alcance del nivel de informatización que demandan los procesos internos.
EL SECTOR JURÍDICO ES DECISIVO EN LOS PROCESOS DEL PAÍS
La función de respaldo legal que ejerce el Minjus en cada proceso que tiene lugar en Cuba fue resaltada por Manuel Marrero Cruz durante la reunión.
El Primer Ministro destacó la profesionalidad de los juristas cubanos, al tiempo que instó a profundizar en algunas cuestiones para perfeccionar esa labor.
Una de ellas fue la política de cuadros, sobre la cual indicó que no se puede desligar del trabajo con los jóvenes, y que debe ir acompañada de la formación de valores y la preparación profesional para la actividad laboral.
Enfatizó el Jefe de Gobierno en el asesoramiento al cumplimiento del Cronograma legislativo. Al respecto, expresó que el Minjus ha realizado un arduo trabajo en esta materia, pero hay que seguir perfeccionando el seguimiento a los grupos de trabajo que elaboran las normas jurídicas, para garantizar la calidad de estas, cumplir los tiempos de entrega y no violentar los procesos.
Subrayó Marrero Cruz que, de conjunto con el Ministerio de Educación Superior, el Minjus debe incrementar la participación de representantes de la academia en los procesos legislativos.
A su vez, señaló el Primer Ministro que el proceso de implementación, control y seguimiento de las leyes aprobadas adolece de sostenibilidad, y el sector jurídico debe trabajar para cambiar esa situación.
Sobre otras cuestiones, Marrero Cruz orientó, igualmente, continuar ampliando y generalizando la cultura jurídica de la población; agilizar los procesos de informatización en las organizaciones registrales y notariales; fortalecer la disciplina, la ética profesional y la calidad de los servicios jurídicos; y afrontar con mejor preparación el reto del crecimiento de los actores económicos privados en cuanto a trámites trascendentales, como contratos o condiciones.
El dirigente destacó la labor de los juristas en el reciente proceso efectuado en Londres, donde se dictó finalmente que CFR no es acreedor del Estado cubano; así como en la implementación del Código de las Familias, aprobado en septiembre de 2022.
En cifras:
Algunos datos sobre la labor jurídica en 2022:
- 280 unidades notariales en el país.
- 106 oficinas registrales digitalizadas en su totalidad, lo que representa el 30 %.
- 94 889 inscripciones de nacimiento.
- 109 086 inscripciones de matrimonio.
- 118 879 registros de defunciones.
- 74 276 subsanaciones de errores a instancia de parte; y 30 774 de oficio.
- 2 843 997 certificaciones expedidas relativas al estado civil.
- 225 340 inmuebles inscritos en los Registros de la Propiedad.
Digitalización de libros en el Sistema Informativo del Registro Civil (Sirec):
- 16 830 tomos (23 %) de 71 277.
- 14 259 418 folios (39 %) de 35 743 546.